La actual concejala y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Araceli Colomar Costilla, está siendo investigada por una presunta estafa inmobiliaria. Según una información publicada por el medio digital elDiario.es, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia y una querella presentadas por cuatro personas. Los escritos de la acusación imputan a la política y administradora de fincas la presunta comisión de los delitos de estafa y administración desleal, cuantificando el supuesto perjuicio económico global en cerca de 237.000 euros.
Los hechos denunciados, que se encuentran todavía en fase de investigación y sobre los que no se ha dictado apertura de juicio oral, se habrían desarrollado presuntamente a lo largo del año 2022. En aquella fecha, Colomar ejercía como coordinadora de Vox en el municipio y gestionaba profesionalmente la comunidad de propietarios del Edificio Galaxia, un inmueble ubicado en el barrio de ses Figueretes, en Vila.
La denuncia
De acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso elDiario.es, los denunciantes sostienen que la entonces administradora propuso una estrategia para sanear los balances económicos de la finca, afectados por la morosidad de algunos comuneros. La medida consistía presuntamente en buscar compradores interesados en adquirir los activos de los vecinos deudores —tales como locales comerciales, plazas de garaje o trasteros— y enjugar así los descubiertos con el dinero de las transacciones.
Para la coordinación de estas operaciones se habría requerido la participación de una abogada presentada como experta en mediación, quien también figura en condición de querellada. Atraídos por unos precios sensiblemente inferiores a la media del mercado local, los perjudicados afirman en sus denuncias que fueron instados a realizar transferencias económicas urgentes a favor de la cuenta de la comunidad, bajo la confianza de que los acuerdos con los deudores estaban encauzados.
Sin embargo, siempre según la versión de las acusaciones recopilada por elDiario.es, las compraventas prometidas nunca se llegaron a formalizar en escrituras públicas ni se entregaron las propiedades. Los afectados relatan que descubrieron el supuesto engaño tiempo después, al comprobar que sus aportaciones económicas presuntamente no figuraban de manera oficial en los balances de la copropiedad y al detectar supuestos movimientos internos de fondos hacia las cuentas de las investigadas sin facturas que los respaldaran.
Dos causas penales en fase de instrucción
La estrategia procesal contra la edil se canaliza actualmente a través de dos vías penales diferenciadas presentadas en la isla a lo largo de 2024. Por un lado, una denuncia inicial interpuesta por dos inversores ajenos a la finca que reclaman la devolución de 46.054 y 30.000 euros por varios locales comerciales. Por otro, una querella posterior formalizada por dos residentes del propio Edificio Galaxia que cifran en 161.459 euros las sumas desembolsadas por un paquete de locales, parkings y trasteros que continúan en una situación de total incertidumbre jurídica.
La investigada sostiene que los fondos están en la comunidad
En declaraciones telefónicas ofrecidas a elDiario.es, Araceli Colomar ha rechazado tajantemente cualquier posible delito en su gestión y se ha mostrado convencida de que el procedimiento judicial acabará sobreseído por "falta de prueba documental". La concejala niega que ella o terceras personas se hayan apropiado del capital de los demandantes y afirma de manera categórica que todo el dinero en disputa quedó íntegramente depositado en la cuenta bancaria de la comunidad de propietarios del Edificio Galaxia.
Colomar esgrime que la rebaja en los precios respondía a las graves "patologías estructurales" que presentaba la edificación en aquel momento y responsabiliza al actual administrador de la finca de bloquear la tramitación de los reembolsos a los afectados. "Que la comunidad les devuelva el dinero, yo no lo puedo hacer", argumenta, incidiendo en que su única retribución consistió en el cobro de 1.000 euros más IVA por operaciones efectivamente gestionadas.
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