La XXIII Milla Urbana Isla de Ibiza se disputó sin que las dos instituciones que tenían las competencias en este caso, es decir Consell Insular y Ayuntamiento de Eivissa, comprobaran que la prueba estaba respaldada por un seguro o por la Federación de atletismo.
La normativa vigente es del Govern balear. Concretamente, un decreto de la Conselleria d'Interior (que recoge otro de ámbito estatal) en el que se regulan los requisitos necesarios para la celebración de pruebas deportivas y otras clases de actividades en la calle.
En este decreto se especifica que toda prueba debe contar con un seguro de responsabilidad civil, otro médico y, en algunos casos, otro de accidente. Además, se exige la presencia de ambulancias y medidas de seguridad, como presencia policial y cierre de la vía pública.
La mayoría de estos requisitos se cumplían en el caso de la Milla, pero lo cierto es que parece que ningún organismo sabe si la prueba disponía de seguro de ningún tipo, ya que nadie se molestó en comprobarlo. Consell y Ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre a quien corresponde tal vigilancia, pero lo cierto es que la prueba se celebraba en el municipio de Eivissa, por un lado, y llevaba el nombre de Gran Premio Consell Insular y una subvención de 12.000 euros, por otro.
La citada ayuda del Consell, además, fue concedida sin que los estatutos del club organizador, el Jasa, estén adaptados a la nueva legislación.
Precisamente, esto último, es decir, la adaptación de los estatutos, es una de las razones por las cuales al final la prueba no obtuvo el respaldo de la federación balear. En caso de haberlo obtenido, los seguros para la carrera habrían sido los de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
La Milla llegó a estar inscrita un tiempo en el calendario nacional de la RFEA, pero luego fue retirada. Según algunas fuentes, los organizadores esgrimían ese hecho como aval de la homologación nacional de la prueba, homologación que no llegó nunca dado que no se cumplió con los trámites a tiempo.
Todo ello, resultado de presentar las cosas a última hora sin la debida formalidad en los trámites.