El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que la Audiencia Provincial de Balears impuso, por un delito de falsedad en documento oficial, a tres funcionarios del primer Govern de Jaume Matas en el marco del fleco que restaba por juzgar del caso Formentera, la primera causa de corrupción que salpicó, en 1999, al expresidente autonómico.
A los acusados se les atribuye haber articulado la contratación arbitraria de una supuesta agente electoral del PP para cubrir una teórica plaza de traductora en el Govern, a pesar de que en realidad se hallaba en el foco de una trama dirigida a captar votos en Sudamérica.
En concreto, el tribunal de la Sección Segunda impuso una pena de dos años de prisión a Juan Fortuny, un año y diez meses a Rosa Grijalba y un año y ocho meses a Angel Gallego, además de una multa de 10.800 euros para todos ellos.
La Sala apreciaba en la sentencia, de 27 páginas, una atenuante de dilaciones indebidas a raíz del tiempo que ha transcurrido desde que se iniciaron las investigaciones en 1999 hasta que se celebró el juicio, en diciembre de 2013.
Cabe recordar que, por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), Matas no llegó a ser imputado en el caso Formentera. La causa global, que fue archivada, investigaba una trama de captación de sufragios en Argentina de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 1999.
En el caso de los tres exfuncionarios, la sentencia considera probado cómo en su condición de autoridades simularon, el 29 de mayo de 1998, una entrevista personal con Maria de la Pau Segura, expidiendo para ello un documento «falsario» de carácter oficial en el que se hacía constar que la habían considerado apta para el puesto, «cuando ello realmente no fue así».
La resolución confirmada consideraba «evidente que la falsedad no fue burda, sino que afectó íntegramente a las funciones que el documento estaba llamado a cumplir», incidiendo en que «se mutó la realidad faltando a la verdad en la narración de los hechos, de forma tal que el documento tenía la apariencia de verdadero a los efectos de que surtiera el efecto deseado, como así ocurrió realmente, por cuanto la candidata fue finalmente seleccionada».
El tribunal aludía asimismo a las declaraciones efectuadas durante el juicio, en el que la propia Segura dejó sentado que había intentado «borrar» de su mente los hechos, «salvo a la hora de afirmar rotundamente que no conoce de nada a los acusados, o anteponía un 'no me acuerdo' o intentaba salir del paso con una respuesta esquiva, evasiva, apreciándose de forma evidente su temor a incurrir en cualquier contradicción, o respondiendo de forma inveraz a lo que se le preguntaba, para luego terminar por admitir algunos de los hechos que en principio rotundamente negaba».
También destacaba la Sala el hecho de que otro de los testigos que compareció afirmó que «conocía a Mari Pau y a su padre y tenía una idea bastante clara de a qué se dedicaban ambos: a captar votos de emigrantes mallorquines en Argentina para las elecciones que se avecinaban».
En su declaración, los acusados negaron, por su parte, que Matas ordenase contratar para el Ejecutivo autonómico a la supuesta agente electoral del PP, desvinculándole así de la contratación fraudulenta.
Matas y Estarás, exonerados en 2005
Cabe recordar que la constituida como 'Sala de la discordia' del TSJIB debía deliberar en 2005 sobre la imputación de Matas -investigado en la actualidad en el marco del caso Palma Arena- y de la entonces consellera de Presidencia del Govern Rosa EstarÃñs en el marco del caso Mapau.
Fueron la mayoría de los componentes de la Sala, entre ellos el actual presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Antoni Terrasa, quienes votaron en contra del encausamiento de ambos aforados.
La causa, incoada el 10 de junio de 1999, indagaba cómo numerosos descendientes de inmigrantes de Baleares que residían en Argentina fueron inscritos en el censo de Formentera, circunscripción clave en los comicios de 1999 para decantar el color del gobierno autonómico, mientras que se habrían pagado con fondos públicos viajes a Sudamérica que, con el objetivo aparente de dinamizar las Casas Regionales radicadas en el exterior, se habrían destinado a la búsqueda de sufragios en beneficio del PP.