La líder del PSIB, Francina Armengol, ha denunciado hoy que el Govern del PP quiere «pagar con dinero público» su campaña de cara a las elecciones de mayo de 2015, que se basará en difundir «la mentira» de que se ha superado la crisis económica.
Armengol ha explicado que esta intención de dedicar fondos autonómicos a la «propaganda» en favor del PP se pone de manifiesto en el incremento en un 60 % de la partida del presupuesto de 2015 destinada a la publicidad institucional.
Además, la portavoz parlamentaria del PSIB ha alertado de que el Govern de José Ramón Bauzá ha repartido entre distintas conselleries la partida de publicad que antes adjudicaba el departamento de Presidencia en un solo concurso, lo que incrementa el riesgo de que se puedan asignar contratos sin concurrencia ni supervisión.
Según la dirigente socialista, la voluntad de Bauzá de «poner todos los recursos del Govern al servicio de su partido» también ha quedado patente en el intento de colocar de forma irregular a un candidato municipal de Lloseta con una comisión de servicio en la Conselleria de Educación.
En relación al presupuesto de la Comunidad para 2015, que previsiblemente se aprobará el miércoles en el Parlament, Armengol ha asegurado que es «irreal» porque intenta transmitir el «mensaje absolutamente insultante» de que la crisis económica ha quedado atrás.
Además, las cuentas autonómicas vuelven a adolecer de falta de previsión y reinciden en dotar de recursos insuficientes a las consellerias de Salut y Educació, que este año ya acumulan un desfase de 95 millones de euros que impedirá el cumplimiento del objetivo de déficit, ha explicado.
Para la secretaria general del PSIB, el Govern intenta ensalzar su gestión económica sin explicar por qué ha incrementado en más de 3.000 millones de euros la deuda que heredó del Pacto de Progreso, que ya ronda los 7.600 millones de euros.
Junto a la mala gestión del PP, ha recalcado Armengol, las arcas públicas de Baleares se ven lastradas por «el pecado original» del Govern de Bauzá, que es su incapacidad para defender los intereses del archipiélago ante el Gobierno central y reclamarle un nuevo sistema de financiación y las inversiones contempladas en el Estatuto de Autonomía.