Este miércoles se cumple el plazo de 20 años fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para la finalización de los contratos comerciales de renta antigua.
Esta medida que ha generado inquietud, tanto entre propietarios de los locales como en los inquilinos.
En el conjunto de España se calcula que podría significar la desaparición de 75.000 establecimientos, aunque en el caso de Balears ninguno de los expertos consultados ha querido avanzar ninguna cifra.
El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Balears, Pau Bonet, señala que «no cabe duda que habrá negocios históricos que tendrán que desaparecer», aunque precisa que la disposición de la LAU sólo afecta a aquellos que no actualizaron la renta en 1985.
El secretario del mismo Colegio, Bernat Seguí, es más cauto respecto a los efectos reales de la LAU ya que, según él, «el número de comercios que no han sufrido alguna alteración contractual en las dos últimas décadas es mínimo». Además, apunta un detalle importante: «no afecta cuando el titular del contrato son personas físicas, la ley precisa que la extinción contractual sólo alcanza de manera automática cuando se trata de personas jurídicas, es decir sociedades. Antes de 1985 era muy inusual que se constituyeran entidades mercantiles para firmar un contrato de alquiler; todo lo contrario de lo que ocurre en la actualidad».
Lo justo tanto para el propietario como para el inquilino, hubiera ido ir actualizando la renta según la subida del IPC, y ahora no se encontrarían con ese fregado. No es justo que haya retas antiguas que no cubran ni siquiera el pago de impuestos, sin embargo hay otras rentas que son un escándalo por abusivas, según estén en un lugar u otro.