La Agencia Tributaria (Aeat), personada como acusación particular en el caso Nóos, ha acusado al juez José Castro de «quebrar» el principio de igualdad establecido por la Constitución en su artículo 14.
Le acusa por no aplicar la Ley del Impuesto sobre No Residentes en la operación de venta del palacete de Pedralbes de los Duques de Palma -lo que permitiría a Hacienda obtener un 3% de la operación-, normativa que en este caso el fisco tilda de «no igual para todos».
En el recurso de reforma que la Aeat ha interpuesto contra la decisión del magistrado de denegarle el cobro del tributo, la Abogacía del Estado -que representa los intereses de Hacienda- asevera tajante que el juez «nunca puede dejar de aplicar la Ley», puesto que «conoce el ordenamiento jurídico y debe resolver conforme al mismo».