El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, prevé requerir en próximas semanas a la Infanta Cristina y a otros catorce acusados del caso Nóos que le hagan entrega de una relación de bienes con los que responder a las fianzas de responsabilidad civil que pesan sobre ellos y que el magistrado les impuso en el auto con el que el pasado mes de diciembre acordó enviarles al banquillo de cara a su enjuiciamiento.
Los inculpados disponían hasta el pasado miércoles para depositar sus cauciones, que suman 61,3 millones de euros en total, si bien únicamente dos de ellos han abonado el pago. Se trata del que fuera director general de Deportes en el último mandato de Jaume Matas, el medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester -que pagó 52.601 euros-, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen -quien presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros-.
Por su parte, la Infanta abonó en su día 587.413 euros de la cantidad global que se le exige y que se eleva a 2,6 millones de euros.
El magistrado contempla así emplazar a Cristina de Borbón y al resto de acusados a designar las pertenencias susceptibles de cubrir la cuantía de las fianzas -entre los que caben bienes muebles e inmuebles, sueldos, fondos de inversión, activos financieros o depósitos- para, una vez comprobado el valor del patrimonio señalado, proceder a su embargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
En caso de que alguno de los procesados no designase bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
La conclusión del plazo no impide que aún puedan pagar
Fuentes jurídicas han precisado que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar las fianzas no impide, sin embargo, que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de sus bienes.
Castro decretó las fianzas para cubrir los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos, a través del cual se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros públicos.
Se da la circunstancia de que el único de los 18 acusados de la causa para quien no ha sido decretada fianza es el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
14,9 millones de euros de fianza para Urdangarin
De la cifra total, 14,9 millones de euros corresponden a Urdangarin; 15,8 millones a Torres y su mujer, Ana María Tejeiro; 4,6 millones al excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones al exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones al abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, restan por hacer frente a sus respectivas fianzas el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet (167.421 euros) y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía (155.421 euros), así como Matas y el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, a quienes de forma conjunta con Ballester el juez les impuso una caución de 3,5 millones de euros.
Finalmente, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.
Cantidades defraudadas
El magistrado relataba cómo entidades controladas por Urdangarin y Torres se hicieron con 1,2 millones de euros que costó la organización, por parte de Nóos, del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones por el segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, desplegaba las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detallaba cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.