El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, prevé acogerse a la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno, que amplía a los 72 años la edad de jubilación de los jueces, siempre que el Congreso apruebe la norma antes de que, el próximo 20 de diciembre, el magistrado cumpla 70 años -límite fijado en la actualidad para la jubilación forzosa de los jueces-.
Así lo han señalado fuentes judiciales, que precisan que Castro contempla cursar esta solicitud una vez la Cámara Baja dé luz verde a la reforma y ésta entre en vigor pocos días después.
La medida se incluirá en el Proyecto de la LOPJ después de que el grupo parlamentario del PP en el Senado presentase varias enmiendas en este sentido. La disposición da la opción de que los jueces soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, 72 años de edad.
De este modo, en caso de acogerse a ello, Castro podría proseguir y concluir la instrucción del caso Palma Arena, de cuya instrucción se encarga desde hace seis años y en cuyo seno nació la causa que indaga la presunta trama de desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, en la que se encuentran acusados la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin.
Tras más de cuatro años volcado en esta última pieza, se encuentran pendientes de finalizar 17 de los 28 flecos en que se encuentra desgajado el caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas.
Así, uno de los flecos que Castro pretende concluir es el caso Over, considerado la ramificación de la trama Gürtel en Balears, que centra sus investigaciones en las adjudicaciones supuestamente irregulares con las que fue favorecida Over Marketing y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.
También en esta línea el juez abrió la pieza 28 con el objetivo de investigar la compra y reforma de la sede del PP, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007).
Se da la circunstancia de que el pasado mes de marzo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la petición formulada en su día por Castro de ser nombrado magistrado emérito una vez se produzca su jubilación forzosa, al no adecuarse entonces la solicitud a lo previsto por la LOPJ y por el Reglamento de la Carrera Judicial.
Castro, quien recaló en Mallorca en 1985, ingresó, por oposición, en la carrera judicial en 1976. Sirvió en juzgados de Dos Hermanas o Lanzarote hasta que llegó a la isla con destino al Juzgado de lo Social número 2 de Palma. Fue en 1990 cuando le nombraron titular del Juzgado de Instrucción número 3, en el que permanece desde entonces.