El Govern balear pedirá este miércoles al Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera flexibilidad en el objetivo de déficit y que lo sitúe «en torno al 1 % para 2015 y 2016», porque, según la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, «el 0,3 % a Baleares le ahoga».
«Lo que Baleares quiere trabajar hoy es volver a pedir y reivindicar una flexibilización del déficit para el año 2016 porque el 0,3 % es insuficiente e injusto para Baleares», ha asegurado Cladera, en declaraciones facilitadas por el Govern balear.
Cladera ha explicado que el Govern apoyará su reivindicación en el informe presentado este marter por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el que abogó por una agenda más gradual de ajuste para cinco comunidades: Baleares, Extremadura, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Las cifras que maneja el Govern indican que en mayo el déficit se situó en el 0,48 % del PIB regional y «el año acabará pasado el 1, cerca del 1,2», ha augurado Cladera.
«Nos acogemos al informe de la Airef, que permite flexibilizar el objetivo de déficit hasta 2018 y tener un mayor respiro en 2016 y 2017 en términos de cumplimiento de déficit», ha recalcado.
Según la consellera, el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,3 % es inviable para las islas: «Es imposible porque no lo hemos podido cumplir hasta ahora, porque tenemos insuficiencia de financiación y porque no podemos seguir haciendo políticas de recortes porque ya basta, porque los ciudadanos dicen basta y porque los servicios públicos no pueden decaer más de lo que ya lo han hecho hasta ahora».
Ante la reticencia manifestada hasta ahora por el Gobierno central en relación con la flexibilización, Cladera ha insistido en que el Govern trabajará en ello y ha reiterado que la opinión de la Airef debe ser tenida en cuenta al estar fundamentada y porser una entidad «de suficiente importancia».
Cladera defenderá el criterio de la Airef, con la intención de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018, pero con cierto margen en 2016 y 2017 «para poder cumplir y desarrollar las políticas necesarias».
La pretensión de la consellera es: «que en 2015 nos den más de un 1 si es posible, en 2016 y 2017 que no nos midan el objetivo de déficit y nos permitan en 2018 cumplir el equilibrio presupuestario, de tal manera que tengamos tres años para trabajar cómodamente todas las políticas de gasto e ingreso necesario».
«Necesitamos una senda, una trayectoria para en 2018 poder cumplir», ha insistido.
En cuanto al plan de equilibrio económico y financiero para el próximo ejercicio, Cladera ha indicado que el Govern está trabajando en ello, pero al estar recién constituido solicitará también un margen de dos meses al Gobierno central «para poder presentarlo en condiciones», ya que previamente es necesario «conocer la situación y poder adoptar las medidas necesarias».
Cladera también volverá a pedir al Gobierno central que convoque la comisión mixta de Hacienda entre el estado y la comunidad balear, para poder reclamar las inversiones estatutarias que el ejecutivo autonómico considera pendientes.
«Hoy sacaremos el tema pero el marco para abordar esto es la comisión mixta que ya hemos pedido que se convoque mediante una carta y que hoy volveremos a pedir verbalmente para poder negociar», ha dicho Cladera el respecto.
La intención es «reclamar que este instrumento de financiación que son las inversiones estatutarias no se pierda para Baleares porque es una financiación ya comprometida». Ha añadido que «hay que mantenerlo, aplazarlo con prórrogas o el sistema que sea, e incluso incrementar todo lo que no se convenió estos años».
Deuda
El Govern cifró en 1.300 millones de euros, la deuda del Gobierno central con Baleares en concepto de inversiones estatutarias desde 2007.
Sobre los 66,1 millones de euros no ejecutados (de los 359,8 millones que ingresó Baleares por 22 convenios firmados entre 2007 y 2011) y cuya devolución reclama el Gobierno central, Cladera rechaza esta posibilidad.
Según la consellera, «Madrid va reclamando a medida que vencen plazos, pero lo que pasa es que no les corresponde reclamarlo porque esto son instrumentos financieros que van en convenios bilaterales y lo que hay que hacer es renegociar los proyectos y los plazos de ejecución y pago».
«Este dinero no se debe devolver: se debe renegociar el convenio para alargar plazos porque se trata de financiación para compensar la insularidad, no son subvenciones», ha subrayado.
Cladera ha admitido que esa cuantía corresponde a proyectos que están en ejecución, pero que son complejos por cuestiones urbanísticas, por expropiaciones y por normativa patrimonial, que requiere «cumplir unos procesos». «En algún caso no se han presupuestado, porque en la legislatura pasada ha habido algo de dejadez en cuanto a la ejecución», ha señalado.