El GOB ha exigido este miércoles al Govern el impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del territorio, así como una revisión urgente de «las leyes más perversas» impulsadas durante la pasada legislatura.
En rueda de prensa, el grupo ecologista ha vuelto ha poner encima de la mesa la propuesta de ILP en defensa del territorio que se promovió en el 2014 con el objetivo de impulsar «un marco regulatorio proteccionista que contrarrestara los efectos perversos de las iniciativas legislativas impulsadas por el Govern de José Ramón Bauzá y que pretendían someter el territorio y las personas a los intereses económicos de determinados sectores».
La ILP se orientaba a modificar las directrices de ordenación del territorio, el instrumento básico y común en todas las Islas, y consiguió el apoyo de más de 16.000 firmas y las declaraciones públicas de los partidos que actualmente están en el Govern.
El GOB, que vuelve a poner encima de la mesa esta ILP, ha trabajado en todas las Islas unas propuestas de revisión/derogación de los artículos «más desreguladores» en materia territorial de las diferentes leyes impulsadas o modificadas por Bauzá.
Así, algunas como la ley del suelo, la de medidas urgentes, la de suelo rústico, de turismo, de impacto ambiental, la ley minera, la agraria o ley de puertos son las normativas que el GOB considera que tiene «implicaciones más graves sobre el futuro del territorio».
Según dicen, la ley agraria establecía que «el planeamiento territorial, urbanístico o medioambiental no puede establecer limitaciones o restricciones en el régimen de segregaciones que prevé la legislación agraria», con lo que el GOB considera que se «facilita trocear las fincas para darles un uso urbanístico».
Artículos como éste, dicen, son abordados en las propuestas de modificaciones y derogaciones de algunas leyes que fueron elaboradas la pasada legislatura y que iban orientadas a facilitar nuevos crecimientos urbanísticos, generalmente en suelo rústico, o a «dinámicas claramente enfrentadas al medio ambiente».
Según el grupo ecologista, hay articulados «de auténtico escándalo», como el artículo 6 de la Ley Minera, que dice que el Consell de Govern podrá acordar la continuación del procedimiento de otorgamiento de derechos mineros aunque haya informes preceptivos desfavorables, o que se podrán abrir nuevas canteras no previstas actualmente y que si el Consell Insular respectivo no contesta en tres meses se entenderá favorable y no hará falta interés general.
En las propuestas que hará el GOB se incorporan otros aspectos, como eliminar la posibilidad de hacer grandes equipamientos desestacionalizadores en suelo rústico o derogar las regulaciones urbanísticas de la Ley Agraria, como las segregaciones.
El GOB iniciará ahora una ronda de reuniones con partidos e instituciones públicas en todas las Islas, para explicar los contenidos y las motivaciones de sus propuestas.