La exconsellera de Educació Joana Maria Camps ha sido llamada a declarar como imputada de un presunto delito de malversación de fondos públicos por el juzgado de instrucción número 4 de Palma el próximo 16 de noviembre, según ha anunciado este sábado la entidad que la denunció, la Assemblea de Docents.
Camps tendrá que explicar ante el juez el gasto de recursos públicos en viajes a Menorca, donde tenía su residencia, cuando ya cobraba un complemento anual de 22.000 euros por vivir en Mallorca por obligaciones del cargo.
«Se acaba la impunidad para Joana Maria Camps», ha subrayado la Assemblea de Docents, que tuvo un severo enfrentamiento político con la titular de Educación por la implantación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
El caso, archivado en dos ocasiones por la jueza de instrucción a petición de la Fiscalía, fue reabierto por orden de la Audiencia Provincial, que consideró que existían indicios suficientes para llevar a cabo la investigación solicitada por los denunciantes.
El tribunal provincial admitió a trámite la querella por malversación de fondos públicos de la Asamblea al apreciar «una aparente descompensación» en sus visitas a las distintas islas.
La sección primera del tribunal provincial estimó el recurso de apelación contra el auto por el que el Juzgado de Instrucción número 4 de Palma sobreseyó la querella en diciembre de 2014, lo revocó y ordenó a la jueza Piedad Marín que acordara las diligencias de investigación que considere procedentes para esclarecer los hechos.
La Assemblea de Docentes ha recordado que en su día la denuncia se archivó porque el Govern manifestó que los viajes de Camps estaban justificados para asistir a actos oficiales en Menorca, algo que el ejecutivo «no demostró».
La entidad presentó la querella contra Camps ante la Fiscalía en mayo de 2014 por considerar que pudo incurrir en malversación por utilizar fondos públicos para costearse viajes a Menorca, «su isla natal y donde radican sus intereses personales», amparándose en el ejercicio de su cargo.
Tras el sobreseimiento de la misma, la Assemblea de Docents recurrió y detalló que en ocho meses, entre el 2 de mayo y el 31 de diciembre de 2013, Camps viajó en 32 ocasiones a Menorca con cargo a los presupuestos públicos, 17 de ellas coincidiendo con fines de semana y varias de algunos días de duración, y en cambio solo 2 a Ibiza, con ida y vuelta a Palma el mismo día.
Alegaron que esos datos implican «una extraña descompensación de la supuesta actividad institucional de la querellada entre las distintas islas», con mayor carga de trabajo hacia Menorca y aprovechando desplazamientos que la asamblea calificó de «indebidamente cargados al erario público» cuando la exconsellera ya percibía un complemento anual de 22.000 euros para compensar su residencia en Menorca.
En el auto en el que admitió la denuncia, la Audiencia asegura que no comparte el argumento de la jueza de instrucción de que los hechos no son infracción penal y añade que «a la vista de la documental que se acompaña, no puede descartarse que los mismos sean constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos».
La sala «llama la atención» sobre el hecho de que en ocasiones Camps realizó viajes a Menorca de varios días de duración para actos que no eran propios de su cargo y en cambio, cuando sí eran por su labor y el destino no era su isla de nacimiento, constaba su ida y regreso el mismo día.
La Audiencia pone como ejemplo que Camps destinó un solo día a viajar a Bruselas el 15 de mayo de 2013 para una reunión con la responsable de Educación de la Reper y otra del consejo de ministros de Educación de la UE y en cambio utilice «tres días para reunirse con el alcalde de Sant Lluís y seis días para la entrega de trofeos de la regata Almirante Ferragut».
La sala también mencionó en su auto el viaje de cinco días para asistir a la Romería del Rocío, otro de la misma duración para presentar una revista sobre las fiestas de Sant Joan de Ciutadella y, «frente a ello», cita una ida y vuelta a Ibiza en un solo día para visitar al presidente del Consell de Ibiza, a la responsable de Educación de Formentera y para visitar las obras de un colegio.
La sección primera de la Audiencia califica de «altamente revelador» el viaje realizado por Camps el 28 de agosto a Ibiza, para reunirse con el presidente del Consell, la alcaldesa de Ibiza, el alcalde de Santa Eulària, y asistir a la firma de varios convenios con el SOIB y que «todas esas visitas se despachen en un solo día al constar el regreso a Palma el mismo día 28 de agosto».
Ante esa «aparente descompensación» en la actividad institucional en las distintas islas, con mayor carga en Menorca, y constando que percibía un complemento de 22.000 euros para compensar su residencia en dicha isla, la Audiencia concluye que «no es descartable que los hechos narrados por el querellante, de ser ciertos, pudieran ser subsumidos en un posible delito de prevaricación de fondos».