El Govern de izquierdas tendrá que pagar en esta legislatura 2.407 millones de amortización de la deuda contraída durante todos estos años, cantidad a la que se suman otros 415,4 millones de euros en intereses bancarios.
Estos compromisos dejan al Govern sin capacidad de maniobra. No tiene recursos financieros ni capacidad para generarlos más allá de proyectos como el de la ecotasa y aún así necesitará ocho años de recaudación de este impuesto tan solo para pagar los intereses bancarios de esta legislatura.
El Govern ha puesto en marcha una doble vía de trabajo para intentar que estas cifras no le ahoguen. Una de ellas la ha confirmado esta misma semana la consellera de Hisenda, Catalina Cladera, en el Parlament: quiere negociar con el nuevo Gobierno un aplazamiento del pago de la deuda. Esta vía resulta más complicada con los bancos, pero la consellera confía en que no lo sea con el Gobierno. De los 8.260 millones que debe el Govern, más de la mitad, 4.597 millones, es deuda con Cristóbal Montoro.
«No podemos dejar de cumplir la ley y este endeudamiento se debe pagar mientras no cambie el marco de la legislación», aseguraba esta semana Cladera en referencia al pago del dinero que se debe a los bancos. Donde el Govern quiere intervenir es precisamente en la otra parte, en el dinero que se debe al Gobierno, y la propuesta que se hará tras las elecciones consistirá en renegociar los plazos para conseguir recursos.