La futura ley de igualdad de Balears incluirá seis tipos de violencia machista, con la económica, simbólica como novedades y el término feminicidio para definir los asesinatos «solo por el hecho de ser mujer», pero no podrá prohibir la concertación con centros educativos que discriminan por sexos.
El conseller de Presidencia, Marc Pons; la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, y la directora del Instituto Balear de la Dona, Rosa Cursach, han presentado este lunes el anteproyecto de la ley de igualdad de hombres y mujeres de las Islas Baleares, que se prevé aprobar entre marzo y abril del próximo año.
La ley recoge gran parte de la redacción de la normativa de 2011 que no llegó a aprobarse durante el Govern del PP, según Santiago, porque incluía la prohibición de la concertación con centros educativos que discriminan por sexo, que ahora no se prevé ya que la Lomce permite dichos convenios.
«Una ley estatal no puede estar por encima de la autonómica, ha resaltado la consellera, quien ha señalado que en el caso de una derogación de la Lomce, se podrá adaptar la normativa autonómica, con el fin de prohibir estos conciertos.
Santiago ha detallado, entre las novedades de la ley, la inclusión de la económica como una forma de violencia machista, como anunció la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament.
Pensión de alimentos
Esta se entenderá como tal cuando un hombre, por decisión voluntaria e intencionada, no pase la pensión de alimentos, vinculada habitualmente a los hijos, tras una separación.
Santiago ha señalado que esto supone «una forma de control más hacia la mujer» y de violencia sicológica, por lo que se facilitarán los mecanismos para que la persona afectada, tras demostrar que padece este tipo de violencia, pueda acceder a otro tipo de renta de las administraciones, como la básica que se instaurará a partir de 2016, y a otras ayudas.
Además, se introduce la palabra feminicidio para definir las muertes y asesinatos de las mujeres, solo por el hecho de género.
También se incluye la simbólica como una forma de violencia machista, que se refiere especialmente a los mensajes que transmitan una imagen discriminatoria de la mujer o de superioridad del hombre.
La ley prevé para ello sanciones administrativas leves (hasta 3.000 euros), graves (hasta 30.000 euros) y muy graves (hasta 90.000 euros).
Como infracciones leves, Cursach ha dado como ejemplo la difusión en centros educativos de material didáctico que discrimine por razón de sexo, y de medios de comunicación que tengan suscritos acuerdos de colaboración con las administraciones que muestren una imagen degradante de las mujeres.
Las infracciones graves suponen las reiteración de estas conductas y las muy graves la repetición continuada de las mismas.
Cursach ha recordado que ya existe una observatorio de publicidad no sexista, mientras la ley reglamenta e incide en el fomento de la transmisión de una imagen positiva de la mujer.
La normativa prevé organismos que vigilen su cumplimiento, como el observatorio de la igualdad y el consejo de participación de mujeres, entre otros.
Además, la ley obliga a las administraciones a facilitar una plaza de acogida a las víctimas de violencia machista por cada 3.600 mujeres, y establece servicios de información en las cuatro islas por cada 100.000 habitantes.
La ley trabaja todos los aspectos para incentivar los avances en temas de igualdad y paridad, tanto a nivel público como privado, con planes a cumplir en todas las áreas, desde la administración, sanidad, educación, los convenios colectivos sindicales y los medios de comunicación.
El anteproyecto de ley cuenta con 92 artículos que desarrollan los diversos aspectos y medidas sobre perspectiva de género con el fin de promover la igualdad, entre ellos la conciliación laboral.
Pons, cuya Conselleria de Presidencia asumirá las competencias de Igualdad a partir del 1 de enero de 2016, ha recordado que la ley, que ha calificado de «valiente y claramente progresista», es uno de los compromisos de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre PSIB, MÉS y Podemos.
«Persigue establecer las competencias de las administraciones para asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres», ha precisado el conseller que ha apuntado la «preocupación» por que España ha retrocedido en los últimos años en este aspecto, según informes de la ONU.
El anteproyecto de ley ya está publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y ahora se abre a la participación de la sociedad.
Otro proyecto de ley autonómica que nace inconstitucional. Vamos, que quieren el TC como una cámara de "3a lectura".