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Macrojuicio del caso Nóos

Joaquim Boixareu admite que facturó de forma ilegal 30.000 euros

| Palma |

El empresario catalán Joaquin Boixareu, quien este miércoles ha prestado declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Nóos, ha admitido que facturó de forma irregular 30.000 euros del Instituto Nóos para compensar la cantidad, por el mismo importe, que él pagó de su bolsillo para poder constituir la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS).

Así lo ha puesto de manifiesto durante una comparecencia en la que el tribunal le ha advertido en varias ocasiones de las contradicciones en las que estaba incurriendo respecto a su último interrogatorio en instrucción, hasta que finalmente el testigo ha reconocido que Iñaki Urdangarin le propuso aportar 30.000 euros para constituir la FDCIS y que «facturara esa misma cantidad por los asesoramientos que había prestado».

Según ha explicado, el exduque le preguntó si le podía ayudar en la creación de la FDCIS, considerada por los investigadores sucesora del Instituto, «para la integración de grupos marginales a través del deporte, lo que me pareció una buena causa». «Me dijo que prefería no aparecer como fundador pero que estaría implicado como asesor, al igual que Diego Torres».

Boixareu ha apuntado que para ello acudieron al notario, en el que estaban ambos exsocios y el abogado Raimón Bergós. Preguntado por el tipo de asesoramientos que realizó para Nóos, el empresario ha señalado, aunque sin precisar nombres, que asesoró a Urdangarin «en algunos de los actos que hacían, con la búsqueda de posibles patrocinadores y sin ánimo de cobrar nada a cambio».

Según las pesquisas, los 30.000 euros le fueron reembolsados mediante dos facturas falsas que no respondían a ningún servicio prestado. Al margen de la constitución, Boixareu ha asegurado que nada tuvo que ver con el Instituto Nóos ni con ninguna de las sociedades vinculadas a Urdangarin y Torres.

Según la Fiscalía, la FDCIS es una «prolongación» del Instituto Nóos tras haber sido constituida ante notario el 13 de diciembre de 2006, cuando habían pasado ocho meses de la teórica desvinculación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de sus negocios. La entidad fue impulsada después de cederse en su favor todos los activos y pasivos resultantes de la Fundación Areté, creada el 2 de mayo de ese año.

La Fundación aparece vinculada a una supuesta estructura fiduciaria creada por Urdangarin y Torres para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management.

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