El Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas sus sistemas informáticos con el objetivo de evitar el gasto duplicado en estas tecnologías, reducir los costes de funcionamiento y mejorar la eficiencia del servicio que se presta a los ciudadanos.
Así lo ha explicado este viernes el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda, Domingo Javier Molina, quien ha destacado que todas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) deben utilizar estos servicios digitales básicos ya desarrollados por la administración estatal.
Molina ha subrayado que, de esta forma, las comunidades no se verán obligadas a hacer inversiones en los instrumentos tecnológicos de gestión administrativa.
Entre las plataformas que el Estado ofrece a las comunidades está el uso de sistemas de registro, que permite que cualquier ciudadano pueda presentar un escrito, con independencia de la administración a la que vaya dirigida, y que llegue a ella en formato electrónico gracias a la interconexión de los registros administrativos.
El Estado también facilita a las autonomías la plataforma de intermediación de datos, para intercambiarse documentos sólo por medios telemáticos, con ausencia del papel.
Así, los ciudadanos no aportarán datos o documentos que posean las administraciones públicas, como una copia del libro de familia, un certificado de discapacidad o de antecedentes penales, o una copia de la declaración de la renta.
Molina ha señalado que con el Registro Electrónico de Apoderamientos se podrá autorizar a los apoderados, «de forma simple, rápida y telemática», para actuar en su nombre en trámites administrativos.
Además, con el Sistema de Interconexión de Registros se va a modernizar la atención en zonas rurales y se pretende superar los obstáculos derivados de la compleja estructura territorial y las diferentes competencias.
Otra plataforma permite proporcionar métodos comunes para la conservación a largo plazo de la información digital producida por las administraciones, así como garantizar los intercambios electrónicos de expedientes sin hacer uso del papel y mejorando los plazos.
El Estado también pone a disposición de las entidades locales el uso de estos servicios.