«Cumplimentados todos los trámites legales previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declaro concluso el juicio y visto para sentencia». Así ha puesto fin la magistrada Samantha Romero al juicio que durante más de seis meses ha puesto la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez ha sentado en el banquillo a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina, bajo una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
A las 12.59 horas, la presidenta del tribunal ha dado por concluida la vista oral, inmediatamente después de que ninguno de los acusados haya hecho uso del derecho a la última palabra. «Nada que decir», ha dicho, en su caso, la Infanta Cristina.
Desde que el pasado 11 de enero arrancase el juicio, además de los 17 acusados de la causa han comparecido más de 300 testigos y numerosos peritos cuyo interrogatorio ha ido dirigido a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.
Seis acusaciones han estado personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ha ejercitado acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.
La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido en los años 2007 y 2008.
La vista oral ha generado además una masiva expectación mediática: hasta 590 periodistas, técnicos y gráficos así como 84 medios de comunicación de ámbito nacional e internacional han llegado a acreditarse para dar cobertura al macrojuicio, que se celebra en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma.
5 años, 11 meses y 2 días de Nóos
El caso Nóos comenzó el 20 de julio de 2010, cuando se abrió la pieza separada sobre el instituto de Iñaki Urdangarin y Diego Torres dentro del proceso por presunta corrupción conocido como Palma Arena, y ha terminado hoy con el juicio visto para sentencia tras 5 años, 11 meses y 2 días.
Casi seis años han pasado desde que el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó el auto que abrió esa pieza 25 hasta que la presidenta del tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que ha juzgado el caso, Samantha Romero, ha dado por zanjada la vista oral.
Por medio ha transcurrido una intrincada instrucción judicial cuajada de registros, autos, imputaciones, recursos, informes, correos electrónicos y desfiles por la rampa de los juzgados de Palma en el juicio más mediático que se recuerda, por la histórica presencia de un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina, en el banquillo de los acusados.
Todas las cifras del proceso son superlativas: si el sumario superó los 76.000 folios, el juicio ha alcanzado las 61 jornadas desde que empezó el pasado 11 de enero, en una vista oral que ha dejado centenares de horas grabadas en vídeo.
Tras las declaraciones de los 17 acusados, un total de 299 testigos dieron su testimonio ante el tribunal, bien fuera en persona o por videoconferencias desde Houston, Florencia, Estrasburgo o Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Acusaciones y defensas, a cada lado del tribunal, pusieron en aprietos a algunos testigos con poca memoria. Manos Limpias ha pedido al tribunal que se plantee si actúa contra once de ellos por posible falso testimonio.
Por las pantallas de la sala han pasado centenares de facturas, decenas de fotografías y una docena de cartas que se mostraron a encausados y testigos, una y otra vez.
A continuación declararon una veintena de peritos, especialistas en distintas áreas, antes de que las acusaciones y defensas plantearan sus conclusiones e hicieran sus alegatos finales.
Las penas que pide el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach para los 14 procesados a quienes acusa suman 76 años y 3 meses de cárcel. Las de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, superan los 120 años, incluidos 8 para la infanta Cristina.
Unos 590 profesionales de 84 medios de comunicación se acreditaron para cubrir el juicio, aunque el interés ha ido decreciendo a medida que avanzaba el proceso, con jornadas en las que los dedos de una mano sobraban para contar la presencia de informadores en la sala de prensa.
Después de 2.164 días de proceso, los casi seis meses de juicio han terminado como empezaron: con los 17 acusados sentados en silencio frente a las tres juezas que decidirán su destino.