Los turistas que visiten a partir de este viernes Balears pagarán cada día un impuesto de entre 0,5 y 2 euros con el que el Gobierno autonómico prevé recaudar este año unos 40 millones de euros que destinará a inversiones en medio ambiente, patrimonio, turismo e investigación.
El Impuesto de Turismo Sostenible, nombre oficial del gravamen conocido popularmente como ecotasa, es una medida dirigida a incrementar los ingresos autonómicos que se contempla en el acuerdo de gobernabilidad entre Podemos, MÉS y PSOE, por el que los dos últimos gobiernan en coalición en las islas.
El primer gobierno de izquierdas de la comunidad, que presidió el socialista Francesc Antich en coalición con los nacionalistas del PSM, ya implantó una ecotasa en mayo de 2001 que fue derogada por el PP cuando recuperó la mayoría parlamentaria un año más tarde.
Entonces, la oposición política al impuesto se vio redoblada por el rechazo frontal de todo el empresariado hotelero, que no dejó de criticar la medida y alertar de sus efectos perniciosos para la economía balear, básicamente sostenida por el turismo.
También en esta ocasión las patronales hoteleras y la oposición del PP han rechazado la nueva tasa, pero la extensión de figuras tributarias similares a muchos lugares del mundo y a otras zonas de España ha restado fuerza a los argumentos de que supondrá un desastre, mientras que todo el arco político coincide en la necesidad de mejorar una financiación que puede aumentar con la ecotasa en unos 75 millones de euros anuales.
El año pasado visitaron Balears, según datos oficiales, 14 millones de turistas, lo que se tradujo en 54,3 millones de pernoctaciones en alojamientos reglados.
El gasto de los turistas extranjeros, que suponen en torno al 85 % del total de viajeros llegados al archipiélago, ascendió a 11.012 millones de euros en 2015.
Un estudio encargado por el Gobierno balear presentado esta semana pone de manifiesto que en el peor de los escenarios considerados, en el que la demanda turística se retraería un 0,8 % por la implantación del impuesto, la caída de ingresos y del empleo compensaría con la actividad generada por la inversión surgida del impuesto. El saldo sería de un crecimiento del PIB del 0,2 % y del empleo de un 0,3 %.
Este análisis también tiene en cuenta, según el ejecutivo, el posible impacto del «brexit» sobre la libra, cuya depreciación afectaría al poder adquisitivo de los turistas británicos, el segundo mercado para Baleares.
Corresponde cobrar el impuesto a las empresas titulares de hoteles, apartamentos turísticos, alojamientos rurales, albergues, hostales, pensiones, cámpines, cruceros que hagan escala en las islas y viviendas que se alquilen a turistas, estén registradas legalmente o no.
Este último sector, en rápido auge en los últimos años debido a las plataformas de alquiler en internet, ha sido objeto de polémica por la disputa sobre si la Ley de Arrendamientos Urbanos ampara cualquier alquiler sin servicios añadidos al margen del tiempo que se prolongue y la actividad fuera de la vivienda del arrendatario.
En el reglamento del impuesto aprobado por el Gobierno se determina que todo alquiler de menos de dos meses es de uso vacacional, por lo que el arrendador tiene la obligación de tributar por la ecotasa si no se demuestra que el inquilino no es turista.
Se repercutirá a cada turista entre 0,5 y 2 euros por día en función de la modalidad y categoría del alojamiento en la temporada alta, que va del 1 de mayo al 31 de octubre, mientras que el resto del año el gravamen se reduce a la mitad.
Están exentos del pago los menores de 17 años, los viajeros en programas del Imserso o similares y los ciudadanos de Baleares desplazados por razones sanitarias, pero sí tendrán que abonarlo los residentes en las islas que hagan turismo interior.
Los propietarios de los establecimientos turísticos escogerán entre aplicar el impuesto de forma directa en la factura de cada turista o mediante una estimación por módulos en función de las características del alojamiento.