El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha notificado este miércoles la admisión a trámite del recurso contra el reglamento de implantación de la ecotasa, ha indicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)
La iniciativa judicial presentada el pasado 16 de septiembre se refiere al decreto 35/2016, de 23 de junio, con el que el Govern regula la aplicación del impuesto sobre estancias turísticas que desde julio grava las pernoctaciones en alojamientos vacacionales del archipiélago.
Con la admisión del recurso se inicia el procedimiento ordinario y se requiere al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que en un plazo de veinte días remita a la Sala el expediente administrativo completo de tramitación del reglamento del impuesto.
«Nunca hemos estado de acuerdo ni con el contenido ni con la forma del impuesto, y estamos convencidos de que tendremos éxito porque tenemos argumentos suficientes para pensar que el conjunto del Decreto tiene una serie de debilidades», ha apuntado la presidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada Benito.
No obstante, de Benito ha apostillado en que desde la FEHM «seguiremos trabajando con el Gobierno para, mientras la Ley del impuesto esté vigente, por supuesto cumplirla, y para aportar el máximo valor que podamos a todas las demás iniciativas que nos permitan continuar con el círculo virtuoso de la inversión y para conseguir mejorar el bienestar de esta sociedad a través de un Plan de Competitividad Global».
Además de admitir a trámite el recurso y solicitar el expediente completo al Govern, el decreto del TSJIB designa como ponente de este caso a la magistrada Alicia Ortuño y da opción a que otras partes interesadas puedan personarse en el procedimiento.
Una vez se finalicen estos trámites, la sala de lo Contencioso-Administrativo instará al demandante a formalizar la demanda.
No me parecen muy democráticos los impuestos finalistas, destinados a un gasto preciso, como el ITS balear. En teoría, el Parlament debiera asignar todos los ingresos para financiar todos los gastos.