Un millón de habitantes de las Illes Balears han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2016, en lo que supone la mayoría de la población del archipiélago, según un informe de Ecologistas en Acción.
El informe sobre la contaminación por ozono concluye que toda la población y el territorio balear salvo los que viven en Ibiza capital han estado expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala en un comunicado Ecologistas en Acción.
La coyuntura meteorológica, el cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables se encuentran entre las causas de un problema que afecta de forma estructural a la salud de la ciudadanía, y a cultivos y espacios naturales.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, entre ellas 18 situadas en Baleares.
En lo que respecta a las islas, entre sus principales conclusiones, destacan que el ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2016 sus niveles se han mantenido en general estacionarios, por encima de los de 2014 y por debajo de los de 2015.
La contaminación generada desde las principales ciudades y puertos, las autovías y autopistas, los aeropuertos y las centrales térmicas de Mallorca, Menorca e Ibiza se extiende por el territorio y afecta a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.
El informe toma como referencia el valor recomendado por la OMS, según el cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2016 a toda la población y el territorio balear salvo a quienes viven en la ciudad de Ibiza.
Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 150.000 personas, un 13 % del total, en las zonas de la Serra de Tramuntana en Mallorca, y la isla de Ibiza (excepto su capital), que se entienden por un 25 % del territorio balear.
El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
Aunque es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival, su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de olas de calor, resultado del cambio climático.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en 1.800 las muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación.
Las personas más afectadas por este tipo de contaminación son los menores, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora, por lo que, según los ecologistas, «resulta elemental por ello que el Govern balear se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su comunidad».
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente; pero, en el caso del ozono, el Govern lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en las zonas de Serra de Tramuntana, Resto de Mallorca (excluida Palma) y resto de Ibiza (excluida su capital).
«Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 600.000 mallorquines e ibicencos», inciden.