Baleares y las Islas Canarias han firmado este viernes un acuerdo político en Palma para que ambas comunidades autónomas, que son territorios insulares, tengan «una voz más fuerte» ante el Gobierno de España y la Unión Europea (UE).
Las reivindicaciones que estudiarán y reclamarán ambos gobiernos se refieren entre otros asuntos a un nuevo sistema de financiación autonómico que contemple el sobrecoste que supone vivir en las islas, la mejora del transporte aéreo y de los descuentos para los residentes y el impulso de la promoción turística.
Los presidentes de Baleares y Canarias, Francina Armengol y Fernando Clavijo, han defendido la mejora de los servicios y de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los territorios insulares, de manera especial en lo que se refiere a los servicios principales: educación, sanidad y atención social.
El presidente Clavijo ha querido dejar que esta unión política, que se desarrollará a través de la creación de comisiones de trabajo, no pretende ir «en contra de los intereses de nadie, sino a favor del interés general».
Por su parte, la mandataria balear ha defendido que el Gobierno español debe «tratar a todos los ciudadanos por igual» y ha considerado «muy injustas» las millonarias inversiones ferroviarias, como el AVE, y en autopistas que permite la movilidad de los ciudadanos de las comunidades autónomas de la península, algo que no sucede igual con los de Baleares y Canarias.
Armengol ha manifestado que estas dos comunidades tienen algunas «diferencias importantes» pero comparten el hecho de ser «islas», por lo que hay temas que defenderán conjuntamente ante el ejecutivo central y la UE.
La presidenta ha recordado que Baleares y Canarias generan más del 20 % del PIB turístico de España y que el 34 % de los turistas que vienen al país pasan sus vacaciones en uno de los dos archipiélagos, por lo que «nuestra voz se tiene que escuchar más» en lo que se refiere la política turística.
Para ambos territorios es «básico» un sistema de financiación autonómico que compense la insularidad y que «garantice» la inversión per cápita en los servicios de ambas comunidades.
Canarias, como territorio ultraperiférico, asesorará y «ayudará» a Baleares en la aprobación de un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) que compense el hecho insular y que contemple desgravaciones fiscales para el tejido empresarial.
La defensa de estas cuestiones, ha dicho Armengol, serán presentadas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la próxima de Conferencias de Presidentes que convocará el Gobierno en enero.
Entre los asuntos «muy urgentes a arreglar», ha continuado, se encuentra la postura en contra de Baleares y Canarias ante la decisión del Ministerio de Fomento de reducir los actuales descuentos a los viajes en grupos de residentes.
«No es justo quitar derechos a los ciudadanos de las islas», ha defendido Armengol, que ha explicitado el compromiso de su gobierno y del canario de «luchar junto al Gobierno en contra del fraude» de los descuentos a resientes por volar o viajar en barco.
Por su parte, el mandatario canario ha explicitado «la voluntad» de ambos ejecutivos de «construir y mejorar el estado de bienestar» de sus ciudadanos, cuyo coste de la vida es mucho mayor por residir en un archipiélago.
«No hemos conseguido que esto se entienda en su totalidad por parte del continente», ha manifestado Clavijo, que ha defendido la cogestión de los aeropuertos ya que la gran mayoría de turistas y de los propios residentes entran y salen por estas infraestructuras de manera generalizada.