La Fiscalía Anticorrupción de Baleares pide 5 años de prisión para el expresidente del Govern y antiguo líder del PP balear Jaume Matas por prevaricación, falsedad y fraude para beneficiar a la empresa Over Marketing a cambio de servicios de publicidad electoral para su partido.
El fiscal Pedro Horrach solicita la misma condena por idénticos delitos para José María Rodríguez, que cuando ocurrieron los hechos objeto del escrito de acusación, en la legislatura 2003-2007, era conseller de Interior y secretario general del PP.
El ministerio público pide igualmente 5 años de prisión como cooperadora necesaria para la que fue secretaria general técnica de la Conselleria de Interior con Rodríguez, María Luisa de Miguel, y un año de cárcel para Daniel Horacio Mercado, dueño de la empresa de publicidad, involucrada en otras dos subpiezas de este caso, que a su vez es la pieza 27 del caso Palma Arena.
Jaume Matas, que estuvo preso por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena y sobre el que pesa otra condena firme por corrupción, está pendiente de sentencia por el caso Nóos, en cuyo juicio la Fiscalía pidió para él 5 años de cárcel y la acusación popular 11.
En el escrito de acusación, Horrach sitúa los hechos encuadrados en esta subpieza 3 del caso Over, que se refieren estrictamente a dos contratos presuntamente ilegales de Interior con empresas del grupo Over Marketing, en el contexto del pago de deudas por trabajos electorales realizados al margen de la contabilidad oficial del PP declarada a los órganos de fiscalización.
Relata que para las elecciones autonómicas de 2007, el gerente del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, pagó a Daniel Mercado casi 72.000 euros en dinero negro por servicios publicitarios preelectorales, como confesó el propio Areal en el juicio de la pieza separada 4 del caso Palma Arena.
En total, en aquella campaña, según la Fiscalía, el PP abonó «en B» unos 181.000 euros al dueño de Over Maketing, quien en la de 2003 también realizó trabajos electorales no declarados por los que cobró en dinero negro unos 24.000 euros.
Todas estas acciones «no pueden ser objeto de acusación dada la figura de la prescripción que, en el presente caso, es de tres años», resalta el acusador público.
Los hechos por los que sí acusa a Matas, Rodríguez, Mercado y De Miguel se produjeron tras la campaña electoral de 2003, cuando el empresario de la publicidad, animado por el entonces presidente autonómico, abrió delegación en Palma y reclamó compensaciones por los 80.000 euros que no había cobrado por sus trabajos para el PP, según ha confesado él mismo ante el instructor y el fiscal.
El propio Matas, sostiene Horrach, acordó con Mercado esa fórmula de compensación, que en el ámbito de la Conselleria de Interior se materializó en dos contratos por un importe conjunto de 20.880 euros para diseñar una campaña de promoción de la oferta pública de empleo y crear la imagen de la policía turística balear, trabajos que en realidad no se realizaron.
El procedimiento lo avaló, a sabiendas de que era fraudulento, la secretaria general técnica de la conselleria, a quien la Fiscalía atribuye igual responsabilidad que a Rodríguez y Matas como cooperadora necesaria.
Para Mercado pide una condena de 1 año de prisión por los mismos delitos porque ha colaborado en la investigación.