El expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, está citado el próximo lunes en la Audiencia para dos vistas previas sobre tres piezas distintas del caso Palma Arena, donde se abordará la posibilidad de que haya un acuerdo de conformidad y de que dos de ellas se juzguen juntas.
La sección segunda de la Audiencia Provincial, antes de admitir pruebas y señalar el juicio, ha convocado a las partes y a los acusados a dos vistas previas: una de ellas sobre las piezas 8 y 9 y la otra sobre la pieza 3, donde se tratarán diferentes cuestiones, entre ellas la posibilidad de llegar a una conformidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
En el caso de la vista sobre las piezas 8 y 9, se estudiará si se juzgan juntas por «economía procesal» y porque versan sobre las contrataciones supuestamente arbitrarias de dos despachos de arquitectos distintos para construir el Palma Arena.
En estas dos piezas están acusados por delitos de fraude a la administración y prevaricación el expresidente Matas, para quien la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares piden penas que suman 4 años, y el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, a quien solicitan 3 meses de prisión a sustituir por multa de 1.080 euros.
Anticorrupción pide además que ambos sean condenados a pagar 855.944 euros de responsabilidad civil de forma conjunta por contratar al despacho GR1 (un 5 % Ballester y un 95 % Matas), y 16.326 euros por el otro contrato (10 % el ex director general de Deportes y 90 % Matas).
La sección primera de la Audiencia de Palma ya ha fijado fecha para juzgar la número 8, del 11 al 15 de septiembre, por la contratación supuestamente arbitraria del arquitecto Ralph Schürmann en 2004 para construir el velódromo que da nombre a la causa.
El lunes ante la sección segunda, las partes estudiarán si cabe juzgar este caso junto a la pieza 9, centrada en la contratación en 2005 del despacho GR1 para asumir la obra, basándose en que ambas causas contemplan «una unidad de hecho desde una perspectiva jurídica» y si se juzgaran por separado podrían dar lugar a «resoluciones contradictorias», según recoge la providencia mediante la cual la Audiencia citó a las partes.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Matas designó a la Fundación Illesport para que se ocupara de la construcción del Palma Arena y puso a Ballester al frente.
Ballester concertó la obra verbalmente con Schürmann en noviembre de 2004 y los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz recibieron el encargo de Matas de colaborar con dicho arquitecto, que ni siquiera estaba colegiado en España.
Se contrató a Schürmann por 9.466.216 euros sin expediente de contratación y omitiendo los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia y sin justificar la supuesta exclusividad. El arquitecto presentó facturas por 2,3 millones y cobró 1.632.216 euros.
Este contrato se rescindió en 2005 y, de nuevo sin procedimiento previo de contratación, Matas y Ballester encargaron a GR1 que siguiese con la construcción del velódromo. Con el despacho de los García Ruiz se formalizó otro contrato por 8.559.446 euros.
En cuanto a la pieza 3, de la que también se celebrará vista previa, el único acusado es Matas, por presuntos prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación y presentación de un proyecto para construir el teatro de la ópera que encargó al arquitecto Santiago Calatrava.
La Fiscalía pide que sea condenado a 1 año y 3 meses de prisión, multa de 120.000 euros e inhabilitación durante 10 años.
Matas anunció exactamente un mes antes de las elecciones autonómicas de 2007 la construcción frente a la catedral de Palma, en la zona del muelle viejo, de un edificio emblemático dedicado a la representación de óperas, a modo de «golpe de efecto» para la campaña, según la Fiscalía.
Anticorrupción considera que Matas era consciente de la imposibilidad material y económica del proyecto pero contactó con Calatrava e intentó dar apariencia de legalidad a su contratación por presentar un anteproyecto dos maquetas y un vídeo por 1,2 millones.
El mismo día que Matas anunció el proyecto se había aprobado su adjudicación. La Junta Electoral prohibió la presentación del proyecto, pero aunque no se produjo, el Govern abonó varios costes.