El expresident del Govern, Jaume Matas, y el que fuera conseller de Interior, José María Rodríguez, se sentaron este miércoles en el banquillo de los acusados del ‘caso Over', pero todavía tendrán que esperar meses para que arranque el juicio. En la sesión previa celebrada este miércoles se constató que no hay acuerdo posible y, a petición de la Fiscalía, la causa tendrá que volver a instrucción para que se dé traslado al Partido Popular de la acusación que formula el ministerio público contra él como responsable civil directo. El PP tendría que afrontar 18.000 euros por el dinero del que se benefició por los contratos de la empresa Over, que compensaban gastos de campaña opacos de la formación.
Sin embargo, a pesar de la petición del ministerio público, el partido no había sido emplazado aún para personarse en la causa y no había podido presentar escrito de defensa ni estaba citado para el juicio. De esta manera, la causa tendrá ahora que volver al juzgado de instrucción para que se cumple con ese trámite. La cuestión es si regresará a la Audiencia en solitario o junto al resto del ‘caso Over'. La causa, una derivada del ‘caso Palma Arena', fue dividida durante la instrucción en tres piezas diferentes: una por los contratos con la conselleria de Salut, otra con los de Interior y otra con la dirección general de nuevas tecnologías. Tanto la defensa del dueño de Over, Daniel Mercado, como la de Matas solicitaron ayer que las tres causas se unan en un único juicio. El argumento se basa en que todas ellas tienen un núcleo común y comparten la mayoría de testigos.
El nexo es la campaña electoral del PP de 2003 en la que se contrataron en negro los servicios de Over, que facturó sin que constara en la contabilidad oficial y a la que se dejaron de pagar 80.000 euros que, según el fiscal, luego se compensaron por orden de Matas con contratos públicos de las administraciones. Estos hechos son iguales para las tres piezas y para ellos no se pide condena porque han prescrito. Las defensas plantean que puede haber sentencias contradictorias sobre los mismos. La Abogacía del Govern y la fiscal, Laura Pellón, mostraron su acuerdo a este argumento. La representante del ministerio público, sin embargo, expresó sus reservas a la acumulación sólo por el distinto punto en el que está la tramitación de las causas: ésta ya está en la Audiencia y las otras dos esperan escritos de defensa. La Audiencia se pronunciará en los próximos días sobre esta petición de unir las causas.
En este caso, las acusaciones reclaman una pena de cinco años de prisión para Matas y Rodríguez. Les acusa de ordenar pagos por dos trabajos que no se llegaron a realizar.