A la expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, se le complica la posiblidad de disfrutar de permisos penitenciarios. Tras cuatro años y medio cumpliendo distintas condenas y con todas sus causas penales cerradas, tanto el centro penitenciario de Palma como el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria han rechazado su petición para poder salir unos días de la cárcel. Desde que ingresó, en verano de 2013, la expolítica sólo ha abandonado el centro para ir a la Audiencia Provincial o a los juzgados. Su defensa ha presentado un recurso contra la decisión judicial.
Munar cerró el pasado otoño los casos que tenía pendientes en los tribunales. Pactó sendas condenas en el ‘caso Son Oms' y la última pieza que tenía del ‘caso Maquillaje' con penas de multa. Además, se archivó el caso por la supuesta caja B de UM que aún estaba en instrucción y el Supremo resolvió ya el ‘caso Can Domenge'. Con todas esas decisiones, Munar zanjó todos los procesos abiertos con una condena global de 14 años de cárcel. Hasta ese momento eran esas causas todavía abiertas las que impedían que accediera a permisos. Ahora, el argumento de la prisión y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es otro: el tiempo que todavía le queda por cumplir.
La resolución judicial aplica el criterio que ha mantenido la Audiencia en varias resoluciones: los permisos son una herramienta para reincorporar a un penado a la vida en libertad y deben comenzar a disfrutarse cuando esté cerca de cumplir las tres cuartas partes de la condena. Otros tribunales mantienen criterios más laxos. Munar cumpliría ese tiempo en marzo de 2022, cuando habría cumplido ya 66 años de edad. También alude a la gravedad de los hechos por los que ha sido condenada la expresidenta y la alarma generada por los casos de corrupción.
Ante la negativa del Juzgado de Vigilancia, la defensa de Munar ha planteado un recurso ante la Audiencia Provincial, que se resolverá en las próximas semanas.