Fíjese qué temeridad. Pido a la sala absolver al señor Urdangarin que, a día de hoy viene condenado por determinada parte de la sociedad y de los medios de comunicación». Mario Pascual, el abogado de Iñaki Urdangarin, reclamó al Tribunal Supremo que retire los cinco delitos por los que la Audiencia Provincial le condenó a seis años y tres meses de cárcel. El principal argumento que usó el letrado en la larga vista ante el Supremo es que todos los contratos que firmó con el Govern de Jaume Matas el entonces yerno del Rey fueron «especialmente útiles».
Enfrente, la Fiscalía aspira a subir las condenas hasta los diez años en el caso de Urdangarin. La fiscal, María Ángeles Garrido sostiene que la malversación cometida por Matas tuvo una especial gravedad, por lo que merece más condena. «Hasta nueve veces más que lo que ahora recoge la ley», un total de 400.000 euros.
Garrido señaló: «Los señores Torres y Urdangarin han constituido el motor de toda la secuencia delictual que es objeto de enjuiciamiento. Fueron los instigadores para la corrupción que se produjo en los funcionarios públicos». La defensa del cargo que, según la Audiencia, permitió esos delitos, el expresident Jaume Matas, centró su alegato en intentar que sea absuelto de malversación y falsedad, con lo que no tendría que ingresar en prisión. Pone en cuestión la credibilidad del entonces director general, José Luis ‘Pepote' Ballester, que le acusó de ordenar el pago de 400.000 euros la víspera de sus últimas elecciones versación y falsedad, con lo que no tendría que ingresar en prisión. Pone en cuestión la credibilidad del entonces director general, José Luis ‘Pepote' Ballester, que le acusó de ordenar el pago de 400.000 euros la víspera de sus últimas elecciones autonómicas. El entonces director general dijo que el president le dio la orden. La defensa sostiene que, en ese momento, Matas no era consciente de que se trataba de trabajos que no estaban hechos: «Habría de tener poderes telepáticos para entender de qué estaba hablando». Se apoya en que Ballester obtuvo ventajas a cambio de implicar al expresident y una pena muy inferior. También sostiene que las actas falsas de la fundación Illesport no lo son porque no produjeron un engaño a la administración.
Tanto Fiscalía como la Abogacía del Govern reclaman que se extienda la malversación a todos los foros que celebró Nóos en Mallorca y que se devuelvan íntegros los dos millones de euros pagados.
La representante de la Comunitat, María Ángeles Berrocal, explicó: «Examinamos factura por factura lo que les había costado realizar esos foros de ninguna utilidad pública. ¿Dónde están los 300.000 euros que faltan? Ni un sólo céntimo de euro de dinero público puede quedar sin justificación». De la vista, para la infanta Cristina la principal consecuencia puede ser tener que pagar 31.500 euros más como responsable civil subsidiario. La abogada del Estado, Dolores Ripoll, reclamó que se incremente los dos delitos fiscales por los que fue condenado el exduque de Palma en 70.000 euros y diez meses más de cárcel. A la mujer del condenado le tocaría pagar la mitad, cantidad que se suma a la que ya abonó tras la sentencia. Su abogado, Pau Molins, no intervino sobre ese tema, sólo para reclamar al sindicato Manos Limpias el pago de las costas al que le condenó la Audiencia. «Solo se buscó hacerle un daño mediático y se mantuvo una petición desproporcionada, inédita en este país, de ocho años de cárcel». Por su parte, Manos Limpias, con un abogado distinto a Virginia López Negrete, quien se enfrenta a una petición de cárcel a raíz de su intervención en ‘Nóos', solicita no tener que pagar ese dinero. Señala que sí contribuyeron a que se impusiera una responsabilidad civil a la Infanta.
Fraude fiscal
Urdangarin, por su parte, pide que se le retiren esos delitos porque sostiene que no fue culpa suya sino que, eran las empresas que le pagaban las que tenían la obligación de retener parte de las cantidades. De esa forma conseguiría reducir dos años de la pena a la que fue condenado.
En la larga vista también estuvieron presentes los otros altos cargos del Govern que fueron condenados después de que hubieran alcanzado un pacto con la Fiscalía. La Audiencia les impuso una pena más baja que la que se les solicitaba y, por tanto, la Fiscalía recurrió. Ni Ballester, ni Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía ni Miquel Ángel Bonet, a través de sus defensas se opusieron a que se aplique el criterio del ministerio público.
Tras la vista de ayer, el Tribunal Supremo tendrá que señalar fecha para deliberar y resolver sobre los 77 recursos planteados contra la setnencia de la Audiencia. En las próximas semanas, el ‘caso Nóos' tendrá una sentencia firme y, según su resultado, será la hora de que algunos acusados ingresen en prisión.
LA NOTA
El abogado de Torres pide retomar el juicio
El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, incidió ante los magistrados del Supremo en que la sentencia debe ser anulada para que se retome el juicio. Se basa en que la Audiencia decidió denegarle una serie de declaraciones de testigos que había solicitado como los reyes Felipe VI o Juan Carlos Primero, doña Sofía o Corinna zu SaynWittgenstein. «Se han conculcado los derechos fundamentales del señor Torres, en tanto no se me ha permitido probar que todo lo que sostienen las acusaciones es falso», insistió el letrado del acusado con una condena más alta: 8,5 años.