El plan de inspecciones sobre VPO que ha puesto en marcha el Govern se ha saldado por ahora con una cifra muy llamativa: los resultados de la primera fase inspectora concluyen que la mitad de los pisos visitados se usan de forma irregular o directamente ilegal. El Govern ha sometido a vigilancia un total de 428 viviendas, que se ha saldado con 104 actas de inspección. De ellas, 50 presentaban algún tipo de irregularidad por lo que se ha abierto un expediente por uso ilegal o irregular.
La mayor parte del fraude detectado responde a alquiler ilegal del piso, que en al menos un caso era además alquiler a turistas. La legislación marca que estas viviendas compradas gracias a las ayudas oficiales, con subvenciones públicas, deben destinarse a residencia habitual. No pueden alquilarse si no es con la autorización expresa del Govern, algo que no sucedía en estos casos.
Alquiler ilegal
Además del alquiler ilegal de la vivienda, los inspectores también ha levantado actas porque los propietarios han ocultado la condición de VPO del piso o porque, aunque estaban alquiladas de acuerdo con la legislación, no habían depositado la fianza correspondiente.
El Govern recuerda que las viviendas protegidas en propiedad solo se pueden alquilar en casos excepcionales, por ejemplo, por ausencia motivada del propietario por motivos laborales, familiares o por enfermedad. Además, el precio del alquiler no se decide libremente sino que queda fijado por la Administración, que además lo ha de autorizar.
Hasta la fecha, los expedientes abiertos responden a faltas que se consideran graves o muy graves. Las graves pueden ser sancionadas con multas que van de los 3.000 a los 30.000 euros, y las muy graves pueden llegar a los 90.000 euros. De hecho, el propietario de la vivienda que hace un uso irregular del inmueble se arriesga, en última instancia, a perder la titularidad de la vivienda.
Fin a la especulación
El Govern quiere poner mano dura en esta materia porque recuerda que los propietarios de los pisos los compraron a precios muy ventajosos gracias a la ayuda económica de las Administraciones, por lo que ahora no pueden hacer negocio con estos bienes. De momento, las inspecciones se están desarrollando de forma más intensa en Mallorca y en Eivissa, que es donde se ha detectado problemas de acceso a la vivienda por el aumento del precio de venta.
Si es q los mas corruptos son los q van d pobres dl pueblo, pero clmo lo q ganan ellos lo consideran misera se creen q pueden hacer lo q queire Luwgo diran q los politicos roban , estos caraduras d la vpo si q nos estan robando a todos y no estan estafando haciebso un uso irregular d las casas vpo Caraduras