Desde que comenzó la legislatura, hay 2.700 personas más que trabajan en el Govern, lo que supone un incremento del 8 por ciento que no explica por sí solo el 30,2 por ciento de aumento del coste de personal. Hay 2.700 empleados públicos más y las plantillas cuestan 381 millones más, lo que significaría que cada uno de esos nuevos empleados contratado cobra 141.111 euros al año.
No es así porque el aumento del coste de las plantillas no responde al incremento de personal, sino que se debe a la recuperación de pluses congelados en la época de Bauzá y a la puesta en marcha del complemento de carrera profesional, que en algunos casos implica un aumento salarial que ronda los 1.500 euros al mes para los funcionarios de mayor nivel. El plus de carrera profesional supone un pago anual superior a los 130 millones de euros, una cantidad equivalente a lo que se recaudará este año con la ecotasa.
Lo mismo en el Consell
Otro tanto ha sucedido en el Consell de Mallorca, donde los 109 millones de euros que costaba el personal en 2015 se han convertido en 142 millones en 2019. También el aumento ha sido del 30 por ciento con la salvedad añadida de que, en el Consell, apenas ha habido contrataciones. La aplicación estricta de la Ley Montoro ha dejado estos años a la institución sin capacidad para contratar personal, así que en ocasiones no ha quedado más remedio que hacer contratos programas para hacer trabajos específicos que sí suponen dar empleo a algunas personas, según reconoció el conseller d'Hisenda, del Consell, Cosme Bonet.
Bonet justificó ese aumento del 30 por ciento en las plantillas de personal en que se ha contratado a 25 bomberos, pero sobre todo en que ha crecido al pago de horas extras, de pluses que fueron congelados y del complemento de carrera profesional, que también paga la institución insular.
El personal
La mayor parte de esos 2.700 nuevos empleos están en los servicios educativos. Si a principios de legislatura había 11.900 empleados, el último año de Francina Armengol habrá 12.900, aunque a ellos habrá que sumar otros 350 docentes para el próximo curso.
En las diversas instituciones sanitarias trabajaban 15.600 empleados, que ahora son 16.900, y en la administración general hay 400 empleados más de los 3.500 que había cuando comenzó la legislatura.