Los ciudadanos que tengan información sobre un caso de malas prácticas por parte de algún político ya tienen la herramienta para denunciarlo a la Oficina Anticorrupción. Este miércoles entra en funcionamiento el buzón de denuncias creado por la institución después de que este martes apareciera su publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
El director de la Oficina firma el acuerdo de creación de este nuevo organismo, que será electrónico para que puedan presentar denuncias todos los ciudadanos de Baleares al margen de la Isla de residencia. Se podrán denunciar «hechos o conductas contrarias al derecho y a los principios o reglas éticas y de buen gobierno y administración», según figura en la resolución.
Un rasgo esencial del buzón de denuncias es que las denuncias podrán ser anónimas. Para ello, cada denuncia tendrá asociado un código alfanumérico a través del cual podrá acceder al sistema la persona informante para poder interactuar con los investigadores y aportar información adicional.
La Oficina garantiza la total confidencialidad de los informantes, si bien precisa que se podrán ceder datos que requieran los juzgados y tribunales o los fiscales en el ejercicio de su trabajo. Los responsables de la Oficina también alertan de que todas las denuncias se investigarán como marca el reglamento, pero si se detecta la presentación de denuncias falsas, serán objeto de sanción tal y como marca la ley. Si la infracción es muy grave, la multa puede llegar a los 100.000 euros.
La resolución por la que se crea el buzón de denuncias tiene una serie de excepciones ya que señala que no se investigarán aquellas que no tengan «verosimilitud», que no tengan fundamento o que resulten «notoriamente falsas».
El reglamento de creación del buzón de denuncias también deja fuera de la competencia de la Oficina Anticorrupción aquellas sobre asuntos que ya estén siendo investigados por la autoridad judicial o por el Ministerio fiscal.
La resolución aprobada por Jaime Far precisa, en cualquier caso, que la presentación de una denuncia o alerta no implicará necesariamente la apertura de una investigación. Se exige, además, que quien presente la denuncia tenga «indicios razonables o suficientes» sobre la certeza de lo que denuncian y deben presentar toda la información de que dispongan, incluido el cálculo del dinero malversado o utilizado en las posibles prácticas corruptas.