Los residentes en Balears pagarán este año al Govern un total de 1.016,1 millones de euros en impuestos, una cifra superior a la del año pasado y que, con la salvedad de 2018, no se había visto desde los años previos a la crisis. Han tenido que pasar diez años para que el Ejecutivo balear presupueste unos ingresos tributarios de este calibre.
El tope máximo se encontraba hasta el año pasado en 2008, en plena burbuja económica. El Govern de Francesc Antich previó para aquel año unos ingresos tributarios de 856 millones de euros fruto de la bonanza económica y del elevado precio de los pisos. Pero la crisis económica también tuvo consecuencias en los ingresos del Ejecutivo, que a partir de ese año cayeron a plomo.
Esa previsión de ingresos de 856 millones fue cayendo paulatinamente hasta 2012, el año más duro de la crisis económica, con José Ramón Bauzá al frente del Govern. A partir del desplome de ese año, los ingresos comenzaron a subir progresivamente pero hasta 2018, diez años después del récord absoluto, no se volvieron a superar esas cifras: la previsión fue ese año de 933 millones, que este año ya son 1.016, sin incluir las cifras de la ecotasa, que básicamente la pagan no residentes.
Traducido en euros por habitante, la estadística tributaria de este año significa que cada residente en las Islas pagará este año al Govern una media de 900,7 euros en impuestos: pagará si compra una vivienda de segunda mano, si hereda, si es aficionado a los juegos de azar o simplemente si va al baño, porque uno de los impuestos que cobra el Govern es el canon de saneamiento, que pagan todos los ciudadanos a través de los municipios.
Por todos esos impuestos, los ciudadanos de Balears pagaron 359 euros en el año 2012, lo que significa que el Govern ingresará este año más del doble que en esa fecha.
La elevada cifra de recaudación prevista por el Govern para este año tiene mucho que ver con las previsiones de compraventa de viviendas. El departamento d'Hisenda prevé ingresar en 2019 un total de 573 millones por este concepto. Vinculado a este concepto está el impuesto de actos jurídicos documentados, que suma 121,1 millones en los Presupuestos de 2019.