Tras cuatro años de tramitaciones, la ampliación del Parque Nacional de Cabrera ya es una realidad. El Consejo de Ministros dio este viernes luz verde a aumentar el espacio protegido en la zona de Cabrera, convirtiéndolo así en el parque nacional más grande de España y del Mediterráneo Occidental. Dicha ampliación ha contado con el apoyo de las entidades ecologistas y del Patronato del Parque pero topa con la oposición frontal de los pescadores de Balears. «No nos oponemos a la ampliación, pero sí a que se hayan marcado estos límites sin consultar antes al sector», recordaba ayer el secretario de la Federación Balear de Confraries de Pescadors, Antoni Garau.
La ampliación supone multiplicar por diez el área protegida por lo que se pasan de las poco más de 10 mil hectáreas preservadas en 1991 a un total de 90.793,95. En ellas se encuentran doce de los trece sistemas naturales marinos que exige la Ley de Parques Nacionales de trascendente importancia como son el corredor de cetáceos, aves marinas, grandes peces migradores (atún y pez espada), arrecifes de corales profundos o fondos coralígenos, entre otros sistemas naturales.
Los nuevos límites que se han fijado para el parque se ciñen fundamentalmente a la propuesta de Ocena, que durante más de una década ha estudiado esta zona. «Hoy es un gran día para el Mediterráneo, uno de los mares más castigados del planeta», recordaba este viernes el director de Investigación de Ocena Europa, Ricardo Aguilar. También el conseller de Medi Ambient i Agricultura, Vicenç Vidal, calificó de «hito» la nueva ampliación, calificando esta legislatura como la «legislatura del mar».
Bien diferente es la opinión del sector pesquero de Balears. Antoni Garau aseguró este viernes desde Dinamarca que el sector jamás se ha opuesto a una ampliación del parque, pero criticó duramente los límites fijados que afectarán de forma directa a la economía del sector pesquero. «En Santanyí hay cuatro barcas de arrastre que se verán afectadas ya que son las que faenan en esta zona y verán prohibida su actividad», explica.
La federación de cofradías lamenta que el Govern no consultara al sector profesional antes de iniciar el plan de ampliación y que, posteriormente, no se haya recogido ninguna de las alegaciones presentadas. En ellas recuerdan como la afectación a los armadores y tripulaciones puede reducir sus capturas en un 14 %. Esto se traduciría en 40 toneladas menos de pesca por un valor de 182.000 euros anuales, según sus cálculos.
Garau asegura que ahora, una vez aprobada la ampliación, el sector pesquero no se quedará de brazos cruzados y exigen un plan de pesca en la que al menos se proteja la actividad de las embarcaciones artesanales «que han pescado en esta zona toda la vida y que ahora no saben qué hacer», sentencia.