La Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN) y la Asociación de Navegantes de Recreo (Anavre) presentaron este lunes ante el juzgado de guardia una denuncia y un completo expediente de más de cincuenta hojas, en el que solicitan al juzgado que investigue si por parte de los responsables de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, «se haya podido producir una clara omisión de su deber, por ni siquiera incoar expedientes por los repetidos vertidos de aguas fecales o mal depuradas que se vienen produciendo en la Bahía de Palma y en el resto de las costas de nuestro Archipiélago».
El presidente de ADN, Biel Dols, dio a conocer la denuncia en el transcurso de la jornada náutica que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Mallorca, en la que se realizó un balance del sector durante esta legislatura.
Dols, tras finalizar el acto al que asistieron representantes de los partidos políticos, explicó: «Creo que ningún ciudadano duda que si el origen de estos vertidos, los de la bahía sin ir más lejos, hubieran sido de origen privado y ocasionado el cierre de la playa, aunque solo fuera por prevención, desde la Conselleria de Medi Ambient se habría abierto el consiguiente expediente para averiguar su alcance».
En la documentación que se adjunta a la denuncia se incluyen varios escritos oficiales, en los que queda constancia que la procedencia de estos vertidos son emisarios submarinos no autorizados en muchos casos. Además, se aporta la respuesta a un escrito en que todo el sector náutico pedía al conseller Vicenç Vidal conocer el número de expedientes abiertos durante esta legislatura por este motivo, «y en la respuesta al mismo no se adjuntó ningún expediente, punto fundamental que ha originado esta denuncia», añadió.
Ambas asociaciones coinciden en señalar que no se trata de conocer si estos vertidos puedan o no ser constitutivos de delito ecológico, «sino que frente a estos hechos no se haya abierto ningún expediente, hecho que los navegantes no entendemos y por eso pedimos al juez se pronuncie al respecto».
El presidente de ADN afirma que la conducta de Medi Ambient «lesiona gravemente la confianza de los ciudadanos en la Administración, al no cumplir su deber de vigilar que se cuide el medioambiente y no respetar el principio de igualdad frente a la ley».
Asimismo, afirma que parece como si la Administración solo se interesa «cuando el origen está en un particular, por lo que se trata de un comportamiento totalmente injusto, arbitrario y ningún fundamento legal lo justifica».
Las asociaciones piden que el juez se pronuncie al respecto «para que dé luz a una situación tan peculiar como esta».
Posidonia
El sector náutico afirma que con el actual decreto de protección para la conservación de la posidonia «hay doble motivo para iniciar un expediente para los vertidos que afectan a las praderas de posidonia». Ambas asociaciones de navegantes indican, además, que los vertidos ilegales de EMAYA en la Bahía de Palma «han obligado al cierre de playas y contaminado el litoral, pero no se ha hecho nada al respecto por depender esta institución del Ajuntament, lo cual es ilógico y no se entiende».