«El impago de la carrera profesional es causa de guerra». Es la contundente advertencia que lanzó este miércoles al Govern Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal). El representante de los médicos fue especialmente duro en sus advertencias al Ejecutivo, pero tanto CCOO, como UGT o SATSE pidieron una reunión urgente de la Mesa General de Función Pública para que el Govern explique qué está pasando con este complemento.
Es algo que sí se hizo el año pasado, cuando llegó la misma amenaza del Gobierno, que entonces estaba en manos de Mariano Rajoy. El representante de los médicos también mostró su sorpresa por el hecho de que no se les haya convocado todavía y por la tardanza en informar de que el Gobierno central no ve con claridad que Baleares pueda pagar estos complementos.
Govern y Gobierno informaron el martes de que, desde el mes de marzo, están negociando porque hay discrepancias en la aplicación de la carrera profesional. Con las negociaciones se pretende evitar un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para frenar estos pagos. El argumento del Gobierno es que, con el pago del complemento, el Govern supera el aumento del 2,25 por ciento de masa salarial permitida para este año.
Miguel Romero (UGT), Josep Ginard (CCOO) y Jorge Tera (SATSE) insistieron en pedir la reunión y garantías al Govern de que se pagará el complemento como se ha hecho en estos años. «No puede ser que haya una amenaza y no se nos haya informado», afirmó Ginard.
La consellera d'Hisenda en funciones, Catalina Cladera, insistió en que el Govern «trabaja» para que se mantenga el pago del complemento y aseguró que las pegas del Gobierno tienen que ver con el aumento de la masa salarial por encima de lo permitido en los Presupuestos. El Govern tiene además sobre la mesa la sentencia que le obliga a pagar la totalidad de este complemento a todos los interinos, por lo que los 128 millones que paga ahora al año subirán de forma ostensible.
Posición del PP
El diputado electo del PP en el Parlament Antoni Costa ironizó este miércoles con el hecho de que el Govern no haya comunicado las advertencias de ilegalidad sobre la carrera profesional hasta después de las elecciones. Aseguró que queda «más que demostrado» que hace un año el problema que planteó el ministro Montoro no era por intereses políticos, «como trató de hacer creer Armengol», con fines políticos, sino que es un tema técnico «que requiere una solución inmediata». «El PP está dispuesto a participar en la solución, tal como dijimos en su momento, siempre que se arregle de forma definitiva y no se pretendan hacer chapuzas», afirmó el representante de los ‘populares'.
Si és possible contractar per afinitats ò amistats a la sanitat pública, les persones que aproven les oposicions han de tenir alguna avantatge. Si defensem les mateixes condicions laborals i salaris per a les persones que han demostrat la seva capacitat aprovant unes oposicions i les que sols poden demostrar afinitats i influències familiars ò d'amistats, fem una injusticia al sistema públic. No entenc com hi pot haver sindicats que ho defensen.