Ofensiva contra los okupas. La Fiscalía y los jueces de Instrucción buscan exprimir al máximo las vías legales para expulsarlos de viviendas de forma inmediata. El fiscal superior, Bartomeu Barceló, remitió este lunes una instrucción a la Policía Nacional, Guardia Civil y todas policías locales para dar luz verde a los agentes a expulsar y detener a okupas en los casos más graves: «Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito, desalojando a los ocupantes y deteniéndoles, si procede».
Barceló justifica la medida ante «el grave problema social y legal que va en aumento» y ante la falta de una «respuesta jurídica uniforme». En la práctica, la instrucción viene tras detectarse casos en los que distintos cuerpos policiales no han actuado por dudas, como la ocupación de la casa de una mujer en Son Sardina cuando estaba de vacaciones: en esa ocasión la policía podría haber detenido directamente a los usurpadores, algo que no ocurrió. La instrucción aclara en qué casos se puede echar de forma inmediata a los okupas sin pasar por el juzgado: siempre que se trate de una primera o segunda residencia, se trate de un establecimiento abierto al público o una oficina.
El asunto se vuelve más complejo cuando se trata de un inmueble que está desocupado. La instrucción de la Fiscalía recuerda que cumpliendo una serie de requisitos, la policía también puede echar a los okupas en estos casos. Así, indica que «solo cuando existan dudas sobre la naturaleza delictiva se solicitarán previamente las correspondientes medidas judiciales».
La instrucción por escrito busca dar seguridad a los agentes en su actuación. Esta ofensiva tiene otra pata que descansa sobre los jueces de Instrucción. En una junta del pasado día 23 de mayo, los titulares de estos juzgados de Palma abordaron cómo unificar criterios para responder a las okupaciones. El acuerdo, que aun tiene que pasar por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, valora la posiblidad de que se adopten medidas cautelares en el mismo juzgado de guardia para echar a los okupas o incluso imponerles órdenes de alejamiento respecto a los inmuebles en los que han entrado.
La Junta de Jueces da pie también a que la denuncia y las medidas cautelares las insten otras personas que puedan resultar perjudicadas por las ocupaciones, no solo los propietarios. Así, los vecinos de fincas con okupas podrían pedir su desalojo cuando se produzcan coacciones, amenazas u otros delitos.