La Sala de lo Contencioso del TSJB ha confirmado la sanción que impuso el Colegio de Abogados a una letrada por cobrar 1.000 euros a un defendido del turno de oficio. La abogada fue sancionada con seis meses de suspensión para el ejercicio y fue excluida durante dos años de los servicios de asistencia jurídica gratuita del Colegio.
La letrada sancionada hizo creer a su representado que no se le había concedido la asistencia gratuita y le cobró mil euros como provisión de fondos y otros cincuenta en concepto de fotocopias. La abogada recurrió la sanción del Colegio primero ante el Consejo General de la Abogacía y luego en los tribunales. Argumentaba que fue el propio representado quien renunció de forma expresa a recibir asistencia gratuita. El argumento «no es creíble» para los jueces ya que supone la renuncia a un beneficio ya obtenido y más aún ante la situación económica precaria que tenía esta persona. De esta manera consideran que el expediente del Colegio de Abogados valoró de forma correcta lo ocurrido y que existió un fraude al pedir la provisión de fondos por parte de la letrada.
Lo que ocurrió fue que la Comisión de Justicia Gratuita no informó al afectado de forma directa de que se le había concedido el beneficio. La sentencia señala que una renuncia «exige el conocimiento pleno y formal de aquello a que se renuncia y eso no ha sucedido en autos».
La abogada también discutía en los tribunales que se le impusiera una sanción muy grave por su conducta, algo que la Sala considera proporcionado a su comportamiento y a la normativa que rige el turno de oficio. Asimismo avala la duración de la sanción, tanto de la suspensión como abogada como de la expulsión del turno: «Las circunstancias de dificultad económica que atravesaba el denunciante hacen particularmente execrable la actuación por su vulnerabilidad». Se tiene en cuenta además la quiebra de la confianza que depositó en la letrada su representado.
Más de 50.000 casos atendidos al año
En Balears atienden al turno de oficio alrededor de 700 letrados que asumen alrededor de 50.000 asuntos cada año. Incidente como esta sanción a una abogada son muy escasos. La cantidad que solicitaba la letrada estaba muy por encima de lo que hubiera recibido actuando de oficio, donde la retribución media por asunto no llega a los 200 euros para el letrado.