El Govern balear pagó 227 millones en la anterior legislatura por sentencias urbanísticas

El Govern pagó durante la pasada legislatura un total de 227,6 millones de euros en indemnizaciones a promotores como consecuencia de sentencias urbanísticas adversas. Son los datos que ha facilitado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Antoni Costa.
Los datos facilitados por el Govern arrancan en 2014, año en el que todavía gobernaba Bauzá y en el que se pagaron 2,24 millones de euros. En 2015, la cifra desciende a 114.505 euros, sube a 1,19 y 1,15 millones respectivamente en 2016 y 2017 y se dispara en 2018 y 2019. En el primero de esos años, las indemnizaciones suman 157,01 millones de euros; en lo que llevamos de año, el Govern ha pagado otros 68,11. Ese es la suma que da un total de 227,6 millones durante la legislatura.
Época Antich
La ley que ha provocado este impacto económico en las cuentas del Govern, el equivalente aproximado a la recaudación de la ecotasa durante dos años, se aprobó en el año 2008, cuando gobernaba Francesc Antich. Se desclasificaron un número importante de urbanizaciones de toda Balears con la esperanza de que los jueces dieran la razón a la Administración, pero no ha sido así. Las sentencias que se han dictado han dado en su mayoría la razón a los promotores.
Fuentes de la Conselleria d'Hisenda reconocen que tras estas sentencias está el incumplimiento del techo de gasto el año pasado. Sin el impacto de las sentencias, Balears habría acabado el año pasado con superávit. Sin embargo, defienden que la actuación del Govern permitió preservar zonas naturales de las Islas, lo que redunda en un beneficio global para los habitantes de Balears.
Las críticas del PP
No lo ve de la misma manera el portavoz adjunto del PP en el Parlament Antoni Costa. «No se ha protegido nada porque en algunos de esos terrenos había urbanizaciones a medio hacer», señala. Incide, además, en que el gasto ni siquiera ha convertido al Govern en propietario de los terrenos. «Son consecuencias económicas brutales derivadas de una mala gestión y de decisiones no pensadas», señala Costa.
El diputado popular se pregunta qué se podría hacer con todo ese dinero que ha ido a manos de promotores privados y que se podía haber destinado a mejorar la red de depuradoras, a mejorar la atención a la dependencia o a la construcción de vivienda. «Es una irresponsabilidad y una tristeza ver estas consecuencias con las necesidades que hay», dijo.