«A nosotros nos reclaman que persigamos el delito, ¿Servicios Sociales? No es nuestra responsabilidad, sino la de las fuerzas de seguridad, que dicen, desde el año 2017, que estos niños no son prioritarios». La consellera de Afers Socials, Fina Santiago, cargó contra la falta de diligencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado así como del Ministerio Fiscal en la persecución de los casos de explotación sexual a menores que están tutelados por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) durante su intervención en la comparecencia parlamentaria en el marco de la Diputación Permanente.
Las competencias del Govern en menores tutelados por los diferentes consells insulares se restringen a formación, estadísticas y coordinación. Respecto a esta última se elaboró un protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil (ASI) y de explotación sexual infantil (ESI) que se abarcaban no solo los casos confirmados sino también los de sospecha. Sin embargo, según la consellera, «la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía no se comprometieron con el qué hacer después».
Según explicó Fina Santiago al grupo parlamentario Podemos, el protocolo termina con la derivación a la Fiscalía y aseguró que «la Fiscalía, de momento, no se ha implicado en resolver estos casos».
Por otra parte, detalló ante los diputados del Parlament que hubo un «acuerdo verbal con la Policía Nacional de que cuando estas niñas valoradas se fugasen les diéramos prioridad», algo que no recoge el protocolo por escrito porque para ello era necesario tener el beneplácito de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Santiago reclamó que «todos debemos unificarnos en la persecución del delito porque desde Serveis Socials podremos actuar mejor o peor pero este problema hace años que existe y seguirá existiendo», reconoció. «¿Tenemos garantías de que no se volverán a fugar? No las hay porque son centros abiertos y los educadores no tienen potestad para perseguirlas, eso es trabajo de la Policía Nacional o la Guardia Civil», añadió.
Precisamente, la consellera de Afers Socials pidió «una mayor implicación de la Fiscalía y la Policía Nacional» aunque reconoció que «continuará habiendo explotación sexual infantil pero cada uno desde sus competencias tiene que hacer lo posible».
Durante la intervención de respuesta a Més, que junto al PSOE defendió la actuación del Govern, Santiago recordó que el propio fiscal de Menores, José Díaz Capa, reconoció en la memoria de 2018 las carencias en su departamento. «Los expedientes de menores pueden estar más de un año en instrucción por falta de personal, por eso se pide un aumento de recursos», advirtió en consonancia a las declaraciones que el pasado lunes ya hizo la presidenta Francina Armengol.
Santiago recordó además, durante su comparecencia, que en 2016 la Oficina de la Infancia, que depende de su cartera, ya solicitaba «que cualquier fuga se considere de alto riesgo para que se supervise», y añadió que en 2017 la redacción «del mismo párrafo continuaba igual».
Seis menores captados
En lo que todo el mundo se mostró de acuerdo fue en que el problema de la explotación sexual entre los menores es social y está extendido. De hecho, la diputada Margalida Durán, que intervino en nombre del PP, desveló que también hay seis casos identificados en los centros de reforma juvenil del Govern. «En Es Pinaret también hay víctimas de la explotación sexual y lo sabe. ¿Por qué se pone tras el escudo de las competencias?», le recriminó después de que Santiago alegara que los centros tutelados no dependen de la autonomía. «Si yo estuviera en su lugar me hubiera dicho, como poco, cómplice».