La declaración del estado de alarma y el cese de la mayoría de actividades productivas ha tenido un impacto negativo en la economía balear de 334,85 millones de euros. Es el cálculo realizado por la Fundació Impulsa, que estima que esta pérdida representa el 1,1 % del Producto Interior Bruto anual de las Islas por la crisis de la COVID-19.
Según la entidad, la economía de las Islas perdió 120,55 millones en las dos primeras semanas de confinamiento, cantidad que ha alcanzado los 214,30 millones en la última semana ya que se paralizaron otras actividades no esenciales. En total, casi 335 millones, por lo que Impulsa estima que la tasa de crecimiento del primer trimestre en Baleares «será negativa», en palabras de su director técnico, Antoni Riera.
Además, prevé que el segundo trimestre, cuando la actividad aún no se habrá recuperado, también se cerrará en números rojos. Se encadenarán, por tanto, dos trimestres con tasas de crecimiento intertrimestrales negativas, por lo que la economía de Balears «entrará en recesión», algo que ocurrirá en el segundo semestre del año.
Sobre la recuperación económica de esta crisis, Riera reconoce que es difícil de predecir. Sin embargo, se muestra convencido que las decisiones que se adopten «serán claves para determinar cómo será esta recuperación».
Asegura que este período de confinamiento «permite ganar un tiempo que debe ser aprovechado para mirar hacia adelante, trazar escenarios y formular los planes de contingencia necesarios para salir cuanto antes de esta situación y hacerlo, además, reforzados».
La Fundació Impulsa, a través de su unidad de estrategia, tiene previsto poner en marcha esta semana mecanismos de trabajo para planificar distintas actuaciones basadas en la cooperación público-privada orientadas a normalizar la actividad económica. Se prevé actuar en el campo de la viabilidad empresarial, desde la reformulación de los actuales modelos de negocio.
En este sentido, abogan por establecer las condiciones de reapertura de la actividad empezando por aquellas más orientadas a la demanda interna y extendiéndolas al resto de sectores. En el campo del gasto público, apuestan por reasignar las partidas presupuestarias y plantear una política fiscal más allá del corto plazo que contemple los costes a futuro de las obligaciones contraídas.
El principal problema de Balears en esta crisis es que su dependencia casi absoluta del turismo le aboca a ser de las últimas comunidades en poder recuperar su actividad. El sector ya da por perdida la temporada de este año y, con toda probabilidad, muchos hoteles no abrirán este 2020. Este cierre se extenderá también a otros establecimientos enfocados al turismo.
En otro orden, la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma exige a los ayuntamientos de Palma y Llucmajor que les condonen el pago de los impuestos y tasas municipales de 2020. «No podremos volver a abrir si los gastos nos siguen comiendo» aseguró la presidenta de la asociación, Isabel Vidal. «No podemos tener en el cajón una montaña de aplazamientos de tasas e impuestos municipales pendientes de pago. Si la administración no arrima el hombro esto va a suponer una parálisis total de la economía», sentenció.