Schola Libera, asociación que integra las entidades de la enseñanza concertada, exigió este miércoles a la Conselleria d'Educació «garantías sanitarias» para la reapertura de los centros educativos.
La entidad, con Llúcia Salleras como portavoz, considera que «reabrir en estos momentos los colegios por 20 días lectivos supone exponer a alumnos y profesores a un grave e innecesario riesgo, y la Conselleria debe asumir íntegramente la responsabilidad de esta decisión. La Administración educativa será la única responsable en caso de producirse contagios indeseados».
Para Schola Libera, los criterios para la reapertura de los centros «no tienen nada que ver con el interés educativo de los alumnos y los colegios no pueden ser convertidos por los poderes públicos en centros de mera custodia de menores para facilitar la conciliación laboral de los padres».
Asimismo, Salleras lamenta que el borrador de apertura de los centros «se haya elaborado de espaldas a patronales, sindicatos y asociaciones de madres y padres de la enseñanza concertada». Y añade que «aun cumpliendo las medidas de distanciamiento establecidas, resulta muy difícil y complicado cumplir con los requerimientos mínimos cuando hablamos de niños menores de 6 años y colectivos vulnerables con discapacidad, teniendo en cuenta que el uso de mascarillas no es recomendable en esos colectivos».
La enseñanza concertada también solicita a la Conselleria que «garantice el suministro y asuma el coste del material de protección individual que ahora exige al alumnado y a los trabajadores».
Schola Libera hizo públicas todas estas consideraciones cuando para este jueves mismo está convocada una reunión de este sector con la Conselleria en el marco de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat.
También para este jueves está prevista una reunión de la Conselleria con los sindicatos en la Mesa Sectorial. Ayer, UGT y la UOB se sumaron a las críticas del STEI y ANPE por la prevista reapertura de las aulas, selectiva y voluntaria, a partir del 25 de mayo.
La UOB pidió directamente la dimisión del conseller, Martí March, «por la gestión irresponsable y errática de la crisis sanitaria, culminada en las últimas instrucciones, y por la lista interminable de despropósitos acumulados durante el presente curso. Cada día supondrá un nuevo riesgo de contagio en los centros, además de que los docentes deberán asumir clases presenciales y telemáticas al mismo tiempo, cuando ahora ya hacen el doble de horas».
En la misma línea que la preocupación de la concertada, la UOB se pregunta quién asumirá la responsabilidad si se produce un rebrote del coronaviris en un centro educativo.
Por su parte, UGT afirmó ayer que «el sistema educativo de Balears no está preparado para volver a abrir los centros antes de septiembre. La Conselleria debe contratar más docentes para garantizar la vuelta cumpliendo todos los criterios sanitarios para evitar riesgos y contagios».
«Si un alumno de Infantil tiene un hermano en Primaria, no hay conciliación»
La Federació d'Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca reiteró este miércoles que la posibilidad de que los alumnos de 0-6 años (Educación Infantil) vuelvan a clase si los progenitores justifican problemas de conciliación «se queda coja si esta medida no abarca la Primaria.
Si un alumno de Infantil tiene un hermano en Primaria, la medida no servirá para nada. Sin soluciones reales a la conciliación laboral y familiar, la única opción para los progenitores es no ir a trabajar o recurrir a los abuelos, una población de riesgo».