Más de 4.000 ciudadanos y familias residentes en Balears pagan en estos momentos intereses de usura a empresas financieras que ofrecen los denominados créditos rápidos. La complicada situación económica derivada por la crisis de la COVID-19 y los ERTE, ha disparado la petición de este tipo de créditos para hacer frente a todo tipo de pagos y sobrellevar los gastos domésticos, según señala el portavoz de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal), Alfonso Rodríguez.
Los tipos de interés que llegan a pagar superan el 22 % y llegan en algún caso hasta el 30 %, frente al 9 % de media de la banca tradicional. Consubal critica esta práctica «porque se ha extendido desde el inicio de la pasada crisis de 2008 en las Islas, pero más ahora en concreto por la actual coyuntura derivada por el impacto económico negativo del coronavirus y la crisis generada en todas las Islas».
Rodríguez puntualiza que si ya el pasado año era compleja esta situación, «ahora se ha convertido en un auténtico problema social por los efectos negativos que tiene en el seno de las familias, que han visto duplicada y triplicada su deuda con las empresas de crédito rápido por sus prácticas comerciales y los elevados tipos de interés que cobran».
Préstamos
El portavoz de Consubal añade que va en aumento el número de reclamaciones: «No es más que la punta del iceberg de un fenómeno que se lleva con sigilo en las familias y por parte de los beneficiarios de estos préstamos de usura».
Respecto a la cantidad global, cifrados en 4.000, Rodríguez puntualiza que «la cantidad es muy superior a tenor de las quejas que recibimos mensualmente por intereses abusivos, porque una cosa es solicitar un préstamos y otra poder amortizarlo con unos tipos que llegan hasta el 30 % anual. Además, a final de año hay empresas que ofertan dinero a los clientes y ello aumenta la deuda como si se tratara una auténtico bola de nieve».
La proliferación de este tipo de entidades, entre las cuales las más conocidas son Cofidis o Cetelem, se explica por la rapidez con que se conceden sin ningún tipo de aval, que es lo que exigen los bancos en su financiación crediticia.
Ante esta proliferación de empresas de crédito a nivel comunitario en los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que intervenir por la proliferación de reclamaciones. La sentencia dictada por el tribunal fijó en un 22 % el tope máximo del tipo de interés que pueden cobrare.
Rodríguez avisa de que estas entidades pueden llegar a solicitar embargos si la deuda contraída no se paga. Afirma que es aquí «cuando se producen dramas familiares y personales por los daños a terceros que se ocasionan».
La organización de consumidores asesora a afectados de las Islas por estos créditos que han denunciado judicialmente a las empresas por usura.