El Govern no podrá ordenar el aislamiento y la cuarentena forzosa de quienes se la salten si no tiene la ratificación de un juez. La resolución aprobada por la consellera de Salut, que está en vigor desde el sábado tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) señala que la cuarentena y el aislamiento forzosos se han conseguir de forma preferente con la colaboración «voluntaria» de los afectados.
En caso de que haya «ausencia de esta colaboración» se puede requerir la adopción de resoluciones individuales o colectivas de «imposición coactiva» que, en el caso de que puedan suponer la restricción de derechos fundamentales, deben comunicarse a la Abogacía de la Comunitat «para que solicite la ratificación ante el órgano judicial competente». La propia resolución de la consellera se ha enviado al juez para que la ratifique.
Aislamiento y cuarentena
La resolución distingue entre aislamiento y cuarentena. El aislamiento implica que las personas que sean positivos en coronavirus se mantengan en el lugar que se les indique un mínimo de diez días sin la posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas.
La cuarentena la deben cumplir las personas o grupos de personas sospechosas de haberse contagiado y varía de diez a catorce días en función de las circunstancias.
Desde el sábado pasado, la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y el cuerpo de inspectores de la Comunitat, incluidos los inspectores educativos, ya disponen de los nombres de todas las personas que deben aislarse o guardar cuarentena. Si se detecta que alguien no está cumpliendo la cuarentena o el aislamiento, además de pedir a un juez que ordene el confinamiento, el Govern también puede imponerle una sanción de entre 100 y 3.000 euros, aunque esta cantidad puede subir si se considera que ha habido agravante, como por ejemplo si un joven que es positivo se salta el confinamiento para ir a una fiesta.
En la resolución de la consellera se señala que estas medidas se toma debido a que los equipos sanitarios encargados del control de la personas sometidas a aislamiento o cuarentena detectan, en muchas ocasiones, incumplimiento de estas obligaciones. No están en su domicilio, no responde a las llamadas de control o manifiesta de forma directa su negativa a quedar confinado.
«Si el aislamiento se deja de entender voluntario por la sociedad y se aplican medidas coercitivas a las que personas que no consideran que tienen el deber legal de aislamiento se podrán evitar muchos positivos que saturan los servicios sanitarios con una enfermedad que puede ser muy grava –incluso mortal en la población más vulnerable– y también la aplicación de medidas más estrictas, como el confinamiento de barrios enteros, de ciudades o incluso de islas», afirma a resolución de la consellera de Salut.