La congelación económica empieza a notarse en los juzgados de Baleares, sobre todo en dos indicadores: desahucios y despidos. Las estadísticas trimestrales del Consejo General del Poder Judicial alertan de que las personas expulsadas de sus viviendas en los próximos meses pueden alcanzar cifras jamás vistas, ni durante la crisis de la pasada década. El servicio común de notificaciones, el órgano que centraliza todos los desahucios, recibió entre julio y septiembre una cifra récord de órdenes de lanzamiento desde el resto de juzgados: 1.603. La cantidad está cerca de doblar a la que se registró en el tercer trimestre del año pasado (883) o en el segundo de este año en pleno confimiento duro (837). En ningún otro periodo de tres meses de los que refleja la serie del Consejo, que arranca en 2014.
Durante el tercer trimestre de este año, el número de desalojos que se llevaron a cabo repuntó, pero no en esa medida. Fueron 334, la inmensa mayoría como consecuencia de impagos de alquiler. Es una cifra todavía por debajo de cualquier trimestre de los años 2018 o 2019 pero sí que implica una reactivación después de la práctica paralísis durante el confinamiento: en el segundo trimestre sólo se ejecutaron 24.
El otro foco en el que se comienzan a notar los efectos de la crisis es en los juzgados de lo Social: el número de demandas por despido que entraron en el tercer trimestre fue de 931, también la cantidad más alta registrada. En el segundo trimestre habían sido ya 499. Un año antes, la cantidad en un verano convencional, había sido de 624. Los incrementos en estos dos indicadores en las Islas están por encima de la media nacional, sobre todo lo que tiene que ver con lanzmientos, que en global sólo suben un once por ciento.
Donde aún no se perciben efectos de la crisis en Balears es en los juzgados de lo Mercantil. El número de concursos presentados fue de 52. Si bien se duplican respecto al verano, están aún en cifras habituales en otros trimestres recientes. Suben más los que afectan a personas físicas después de que una modificación legal de de plazo hasta enero para poder admitir peticiones de concursos forzosos.