«Vendo bonito loft en planta baja de 20 metros cuadrados con altillo en la Calatrava, recién restaurado íntegramente. Con acceso desde el zaguán de la finca y ventana a la calle». Es uno de los anuncios de viviendas que se pueden ver en varios portales de internet. El loft se vende por 95.000 euros y, con la modificación de la Ley de Vivienda que acaba de aprobar el Govern, podría ser objeto de una sanción de hasta 30.000 euros porque no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
El Govern quiere acabar con el mercado de las infraviviendas y de los pisos patera y desde hace unas semanas ya puede sancionar a quien venda inmuebles sin condiciones mínimas para ser habitados. La ley establece que los metros mínimos de habitabilidad para una vivienda nueva son 30, pero esta cifra se reduce a 24 metros para edificaciones preexistentes.
Varios de los inmuebles que se ofrecen en los portales inmobiliarios no cumplen estas características. Otro ejemplo: hay un inmueble del centro de Palma que se ofrece como oficina o vivienda. Es un sótano sin ventanas «con sistema de ventilación controlada mecánicamente», según reza el anuncio. Tiene 33 metros útiles y su precio es de 146.000 euros. También podría ser sancionado con el cambio de ley.
Contenedores vivienda
Pero el Govern quiere ir más allá y acabar con la oferta de vivienda de casas que no lo son, según explica el director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, Eduardo Robsy. Han detectado que se venden como viviendas contenedores de barco instalados en suelo rústico o autocaravanas fijas en terrenos no edificables.
«Habíamos detectado este tipo de oferta, pero no podíamos actuar, de ahí que se haya promovido este cambio de ley», añade. Con la nueva legislación, se podrá sancionar a los propietarios que alquilen o vendan pisos pateras, pero también se podrá extender esta sanción a las inmobiliarias y portales de internet que anuncien estos inmuebles.
Vender, alquilar o anunciar este tipo de inmuebles se considera una falta grave y la sanción puede ir de 3.001 o 30.000 euros para cada uno de los actores de la oferta. El Govern ya ha cobrado 59.403 euros de sanciones por incumplimientos en el alquiler y ahora extienden la inspección a la venta. Una de las sanciones corresponde a una VPO que estaba realquilada por habitaciones a ocho personas y que además había instalado una vivienda prefabricada en la terraza para que cupiera más gente. La multa fue de 36.000 euros por destinar la vivienda a piso patera y por lucro indebido al tratarse de una VPO cuyo precio de alquiler está reglado y tasado.
El director general d'Habitage asegura que la modificación de la ley no tiene afán recaudatorio, sino mero interés disuasorio para sacar del mercado este tipo de alojamientos. «Perseguimos a quien alquila, a quien hace de intermediario y a quien promueve este tipo de venta con mero afán especulativo», señala Robsy.