Los pisos del Ibavi han sufrido un total de 265 okupaciones en apenas cuatro años. En 2017 hubo 61, la cifra subió a 80 un año más tarde y se disparó hasta las 120 en 2019. El año pasado hubo 84 okupaciones, según figura en una respuesta parlamentaria del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, al diputado del PP José Luis Camps.
En su respuesta, el conseller asegura que el Govern trabaja en una doble línea, dando respuesta a las personas más desfavorecidas de forma coordinada con los servicios sociales y, en paralelo, presentando una demanda contra quienes entran en una vivienda de manera ilegal.
El Govern añade que se sigue un protocolo cerrado para echar a los okupas que consiste en enviarles una carta en primer lugar en la que se les invita a abandonar el inmueble okupado y se les da la oportunidad de ingresar de nuevo en la lista de espera de pisos del Ibavi.
Caso a caso
En casos de especial vulnerabilidad, las personas a las que se quiere desalojar son enviadas a los servicios sociales de los municipios en los que residen. En el resto de casos, excepto los abandonos voluntarios, se presenta una denuncia ante el juez para que ordene el lanzamiento de las personas que han entrado ilegalmente en las viviendas. Es el juez quien toma la decisión, señala el Govern. «Actuamos contra la ocupación irregular al mismo tiempo que velamos por que nadie se queda en estado de absoluta vulnerabilidad por falta de vivienda», señala el conseller en respuesta al diputado del PP.
En su respuesta, el conseller lanza un dardo a Gabriel Company, todavía líder del PP y conseller de vivienda en el Govern de José Ramón Bauzá. Recuerda que el 12 de febrero de 2013, el Consejo de Administración del Ibavi, con Roberto Cayuela como gerente, aprobó las líneas de actuación en materia de vivienda. En la práctica, ese día se acordó interrumpir la presentación de demandas judiciales para echar a los okupas o a aquellos que no pagaran el alquiler. La medida estaba sustentada en la grave crisis económica del momento, que se cebó de manera particular en el acceso a la vivienda.
La Justicia
«Nosotros, en cambio, hemos actuado de forma coordinada con los servicios sociales para dar una respuesta a aquellas familias que más lo necesitan, pero también dejando en manos de la Justicia a aquellos que ocupan ilegalmente las viviendas públicas», señala el conseller.
Las denuncias por okupación comenzaron a ponerse en la pasada legislatura, cuando Marc Pons era conseller. También se iniciaron actuaciones contra los inquilinos de pisos del Ibavi que no pagaban el alquiler. El Ibavi posee en estos momentos un parque de unas 1.700 viviendas, por lo que el porcentaje de pisos okupados no es nada desdeñable.
Una lista de espera que debe depurarse
La lista de espera para conseguir uno de los pisos del Ibavi supera las 8.000 peticiones. Sin embargo, desde el Govern relativizan esa cifra ya que aseguran que todas las personas de una misma familia pueden solicitar un piso y además pueden hacerlo en varias promociones. El Govern asegura que está en un proceso de depuración de la lista para que se ajuste más a la realidad de la demanda de vivienda que existe en estos momentos.