El Govern no ha recibido ni una sola propuesta para reconvertir hoteles obsoletos en viviendas públicas, en residencias para la tercera edad o en centros dedicados a la investigación científica. Era una de las propuestas estrella del primer decreto ley que aprobó el Ejecutivo en mayo del año pasado, en pleno confinamiento, para tratar de reactivar la economía de las Islas y hacer frente a las consecuencias del brusco parón.
El decreto buscaba fomentar el cambio de uso de las instalaciones turísticas obsoletas para establecimientos situados en zonas maduras o que hubieran cesado su actividad. Una vez solicitado el cambio de uso, no podía darse marcha atrás. La medida estaba pensada para generar actividad económica en el sector de la construcción a la vez que se reducían plazas turísticas.
No ha tenido efecto
La realidad es que, un año después, la propuesta ha sido un claro pinchazo. Fuentes de la Conselleria de Model Econòmic reconocen que no ha tenido el efecto esperado y creen que se debe a que los posibles inversores han preferido ser prudentes y no dar un paso al frente a la vista de que la crisis sanitaria se ha alargado mucho más de lo previsto en un primer momento.
A pesar del fracaso de esta propuesta, desde el Govern afirman que el resto de medidas del decreto, como la posibilidad de hacer obras durante los meses de verano, han funcionado, y han ayudado a la reactivación económica. Afirman que el impacto económico global de todo lo aprobado en su días rondará los 3.000 millones de euros, una cantidad muy cercana a los 3.519 millones que se estimaron en un primer momento cuando se presentó el decreto.
Señalan, como ejemplo, que el sector de la construcción recuperó empleo el año pasado gracias a este decreto, lo que permitió que la media de afiliación rondara los 53.000 trabajadores entre junio y septiembre de 2020, ligeramente por encima de las cifras del año 2019. Ello ha permitido evitar la destrucción de unos 10.000 puestos de trabajo y la caída de unos 1.000 millones en el PIB balear, según el Govern.
Otra de las grandes medidas recogidas en el decreto ley, las relativas a las inversiones en instalaciones fotovoltaicas, se mantiene. El Ejecutivo asegura que el impacto económico que se calculó con la aprobación del decreto ley, unos 550 millones de euros entre inversiones directas y diferidas, sigue igual. De hecho, cree que incluso puede ser superior, ya que está previsto que lleguen fondos europeos por esta vía.
Desde el inicio de la pandemia, el Govern calculó que la caída del PIB provocada por el frenazo de la actividad rondaría el 30 por ciento durante el primer año. Finalmente fue del 23,7 por ciento gracias a una tímida actividad turística durante julio y una mínima parte de agosto. El decreto ley pretendía fomentar la actividad económica para reducir al máximo el impacto de la crisis provocada por la COVID-19.