Una de las consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 es el incremento de viviendas de alquiler cuyos inquilinos pagan un precio inferior al del mercado.
En las Islas, un 6,7 % de viviendas se encontraba en esta situación en 2020, el mayor porcentaje de la serie histórica –iniciada en 2004 y como se aprecia en el gráfico adjunto– según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicados recientemente.
Se trata de una tendencia generalizada en todas las autonomías, pero con mayor incidencia en Balears, donde el porcentaje de alquileres a un precio inferior al de mercado duplica la media estatal (3,7 %).
No es de extrañar teniendo en cuenta el mayor impacto negativo de la pandemia en la Comunitat. El año pasado, más de 150.000 trabajadores se llegaron a ver afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE) y muchos trabajadores temporales –con un peso notable en el mercado laboral– no lograron firmar ningún contrato, engrosando las cifras del paro.
La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Natalia Bueno, constató que el precio de los alquileres descendió el año pasado y que «aún no se han recuperado». Explicó que un descenso de la demanda y un incremento de la oferta contribuyeron a esta rebaja de los precios.
El aumento de la oferta estuvo motivado, especialmente, por pisos que antes de la pandemia se destinaban a alquiler turístico ilegal. También hubo casos de propietarios que pese a tener la autorización de Turisme, optaron por pasar la vivienda al mercado habitual.
La demanda, por su parte, se vio afectada por el elevado número de personas afectadas por un ERTE o sin trabajo, lo que provocó «un descenso de inquilinos con garantías de pago».
De ahí que, muchos propietarios optaron por rebajar los precios, que en algunos casos llegaron al 50 %, a arrendatarios que sí podían ofrecer esta garantía de pago y que abonaron varias mensualidades por adelantado.
En este sentido, Bueno puso el ejemplo de un piso que se ofertaba por 1.200 euros y que se acabó alquilando por 700 euros a un inquilino con empleo fijo en estas condiciones. «En muchas ocasiones se trata de funcionarios, que optan por el alquiler en lugar de por tener una vivienda en propiedad», señala Bueno, quien apunta a un cambio de tendencia en este sentido.
Sin embargo, la mayoría de viviendas de Balears son de propiedad. Representan el 65 % del total y el año pasado aumentaron en hasta seis puntos respecto al año anterior (59,3 %). De todos modos, las Islas son la comunidad con menor porcentaje de viviendas en propiedad.
Hay que señalar, sobre estas cifras, que Baleares se sitúa entre las comunidades con la vivienda más cara, tanto de a la hora de comprar como de alquilar. Además, las Islas es una de las autonomías donde más crece la población, año tras año, por la llegada de ciudadanos tanto extranjeros como del resto de España.
Son muchos los trabajadores que se establecen en Baleares por un período determinado de tiempo, por lo que se decantan por una vivienda del alquiler.