El Govern balear ha impuesto más de 35.000 denuncias a ciudadanos de las Isla por saltarse la normativa COVID. Se trata de propuestas de sanción de todo tipo, que van desde fumar por la calle, no respetar los horarios del toque de queda, circular sin mascarilla o no guardar las distancias mínimas de seguridad en espacios públicos o privados.
Las denuncias totales a los ciudadanos desde que finalizó el primer estado de alarma, en junio de 2020, y el Govern asumió el mando de la gestión de la pandemia son 36.056, según figura en una respuesta de la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, al diputado del PP, Vicent Marí. Las sanciones por estos incumplimientos ciudadanos van de 600 a 3.000 euros.
Las empresas
A las denuncias presentadas contra ciudadanos de las Islas se suman otras 2.294 contra establecimientos o negocios. En este caso, la denuncia es más grave ya que en su mayoría son por incumplimientos serios de horarios de apertura, aforo, de los protocolos sanitarios o incluso la celebración de fiestas ilegales, que pueden estar sancionadas hasta con 600.000 euros de multa en casos muy graves.
En la respuesta al diputado del PP no se detalla el concepto por el que han sido denunciados los ciudadanos ni los empresarios, pese a que la pregunta del diputado reclamaba de manera específica cuantas sanciones se han derivado de expedientes por fiestas ilegales en viviendas turísticas de las Islas. Este ha sido uno de los problemas del verano en el archipiélago y, de manera especial, en Eivissa. El Consell anunció su intención de infiltrar turistas en las redes donde se organizaban estas fiestas para tratar de evitarlas de antemano ante las dificultades que tienen las fuerza policiales para acceder a un domicilio particular donde se está celebrando este tipo de actividad.
La campaña de Eivissa
El Consell de Eivissa, que preside Vicent Marí, detalló el pasado jueves los resultados del plan contra las fiestas ilegales, pero anunció que se plantearán ponerla en marcha el año que viene desde el principio de temporada. Lo de este verano era una prueba piloto, según los responsables del Consell ibicenco.
En cualquier caso, a pesar del elevado número de denuncias, el Govern se está encontrando con numerosos problemas a la hora de tramitar estos expedientes. El porcentaje de resolución definitiva no llega ni al 1 % porque el procedimiento es muy garantista, según el Govern. Hasta mayo solo se habían resuelto 914 propuestas de sanción.
Las personas a las que se les abre el expediente tienen la posibilidad de presentar alegaciones en diferentes momentos de la tramitación, tiene también trámite de audiencia y finalmente incluye la posibilidad de presentar un recurso administrativo, al que se suma la posibilidad de llegar a presentar incluso un recurso contencioso por la vía judicial al final de todo el procedimiento para intentar evitar el pago.