Cada día se okupan dos viviendas en Baleares. La okupación se ha disparado en el segundo año de la pandemia. Según la estadística de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior para hacer frente tanto al allanamiento de morada como a las usurpaciones, en Balears se registraron hasta septiembre de 2021 un total de 407 okupaciones de viviendas, un incremento del 73,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Es el mayor porcentaje de incremento de toda España, donde la media ha crecido un 18 %, una cifra muy alejada de la estadística de Balears. Por ejemplo, en Catalunya el aumento fue del 9 % y en Extrenadura, del 8 %. Un dato que sirve de referencia para entender el espectacular aumento de este fenómeno en las Islas es el de Catalunya, la comunidad con un mayor número de viviendas okupadas.
El allanamiento de morada creció allí en los últimos cinco años un 68 %, es decir, una cifra inferior a la de Balears en un solo año. Las dos únicas comunidades que presentan unos porcentajes similares a los de Balears son Murcia (69,6 %) y Castilla-León (62,6 %). Detrás de estas cifras de aumento se encuentra, muy probablemente, la crisis provocada por la COVID. La situación sanitaria trajo consigo una grave crisis económica durante el año 2020, con una caída del PIB superior al 17 % y con miles de trabajadores sobreviviendo gracias a los ERTE. Es uno de los factores que pueden explicar este notable aumento de los allanamientos de vivienda.
La mayor parte de estas okupaciones se dan en viviendas particulares, pero también las administraciones públicas han tenido okupaciones en las viviendas. En el caso del Ibavi, por ejemplo, se ha actuado contra 120 familias que han okupado otros tantos pisos de su propiedad. Como consecuencia de esta presión, ya se han recuperado 62 pisos ya sea por intervención policial, por lanzamiento de un juez o por abandono de la vivienda ante la amenaza de denuncia.
Los 58 del Ibavi
Quedan 58 pisos okupados sobre los que pesa una demanda en los juzgados y el Govern espera que los tribunales les den la razón y puedan recuperar en breve el uso de la casa. La responsable del Ibavi, Cristina Ballester ha asegurado que el Govern actúa contra quienes abusan de su situación. Reitera que, con estas actuaciones se pretende recuperar un bien público que está okupado por personas que, en muchas ocasiones, forman parte de mafias de okupación. La Policía ha llegado a encontrar plantaciones de marihuana en algunas de estas viviendas cuando por fin ha podido acceder al interior. «A las familias que presentan problemas reales de vivienda se les busca una solución con ayuda de los servicios sociales», insiste.
La responsable del Ibavi recuerda que parte de este problema viene de la legislatura 2011-2015, con la llegada de José Ramón Bauzá al Govern y con Gabriel Company como conseller d'Obres Públiques. En medio de la crisis económica provocada por los abusos del ladrillo, el Govern acordó no realizar ningún desahucio, lo que según Ballester pudo ayudar a los desfavorecidos pero aumentó la picaresca de muchos otros.