Martí March (Pollença, 1954) ironiza con que la ley March, como algunos la llaman despectivamente, en realidad es la Llei Marc, sin hache, porque establece un marco sobre cómo debe de ser el modelo educativo.
¿Cómo se siente después de haber conseguido aprobar la ley?
—Tengo una profunda satisfacción porque es la primera ley integral de educación de Balears y diría que solo Catalunya tiene una normativa de estas características. Las de las otras comunidades no son integrales, y que en el País Vasco ahora se plantee hacer una ley educativa cuando hace muchos más años que tienen competencias es una demostración de una voluntad política real por parte del Govern. También es una manera de ejercer nuestras competencias, que las tenemos desde hace veinte años. Había pasado suficiente tiempo para disponer de experiencia en gestión, y con diversos gobiernos. Era el momento de ejercer esta parte de nuestra soberanía y definir nuestro modelo educativo de manera estructurada y no aislada mediante decretos.
¿No se siente decepcionado por no haber contado con el buscado apoyo del PP?
—Puedo entender cierto malestar del PP, pero no que por esto se votase en contra de lo que realmente estaba consensuado. Había muchos artículos pactados, transaccionados; se aceptaron más de 70 enmiendas y transacciones del PP. Votar en contra de todo lo pactado me parece un exceso. Creo que el PP se ha dejado llevar por una cierta visceralidad; se ha tirado en brazos de Vox, cada uno con su discurso. Ha hecho un mal favor a sí mismo y a la educación.
Votaron en contra como protesta porque un día antes de la votación acordó con Més descartar que el castellano y catalán fuesen lenguas vehiculares. ¿Las formas fueron las correctas?
—Puedo aceptar el malestar, pero usarlo para votar en contra de la ley y tener una actitud tan negativa no lo entiendo. Un partido político que quiere gobernar debe de tener sangre fría y no dejarse llevar por la visceralidad con cosas que pasan en política. Cuando escuché la palabra traición, me recordó a lo que pasa en Madrid. Eso sí que son traiciones de verdad. Puedo entender que estén enfadados por las formas, pero de aquí a votar en contra me parece esperpéntico. Dentro de la ley hay muchos artículos pactados con ellos. Cuando pase un tiempo tendrán que hacer una digestión. Siempre tendremos la mano tendida a pesar de las descalificaciones. Al margen de las maneras, lo único que se cambió es el tema de lengua vehicular. Y lo he dicho muchas veces: se ponga o no, la vehicularidad del castellano y el catalán es doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que las lenguas oficiales son vehiculares. La LOMCE lo ponía, la LOMLOE, no. Por lo tanto, puedo entender que es una cuestión simbólica para unos y otros.
Pero acordaron con el PP introducir el concepto y lo cambiaron en el último momento sin avisar.
—Ha habido una gran mayoría política consistente a favor de la ley e implícitamente a favor de la estructura básica, exceptuando el modelo lingüístico. En la votación hubo una gran representación de la comunidad educativa, con sindicatos, Fapas, cooperativas, patronales y directores. Los directores me felicitaron, que no lo digan públicamente es otra cosa. Aun así, recuerdo que la ley se basa en el Decret de Mínims y la Llei de Normalització Lingüística aprobadas por el PP y que les perseguirá siempre. Cada centro decidirá el modelo lingüístico. Además, quiero reiterar que poner todo el énfasis de la escuela en el tema del catalán es un error. No ha habido nunca antes tantos ciudadanos de Balears que sepan leer y escribir en catalán. La escuela hace su trabajo, si bien es cierto que se puede mejorar la competencia en catalán, castellano e inglés. Sin la escuela, el catalán hubiera desaparecido. El problema es su uso social y para mejorar esto el Govern, los consells y los ayuntamientos deben de hacer políticas lingüísticas. El modelo lingüístico es de éxito y consenso, y necesitará de un decreto de lenguas para desarrollarlo. De hecho, esto da flexibilidad y el PP entendía que ellos podrían hacer cosas para poner encima su modelo. Lamento profundamente que hayan usado esta situación para ir en contra de la normativa. Con esta ley el PP puede tener su modelo lingüístico, que es el gallego; es decir, el equilibrio entre lenguas.
¿Lamenta que el debate se haya centrado en la lengua?
—Profundamente. Es una lástima porque el modelo forma parte de la historia del PP. Como decía Raimon, quien renuncia a sus orígenes pierde la identidad. Pero es evidente que esto centró el debate porque las cosas no se hicieron del todo bien. Asumo mi responsabilidad. Las formas no fueron las más adecuadas y no quiero entrar más. No votar en contra de todo les hubiera dado un nivel de credibilidad. Han de ser conscientes de que pactamos muchas cosas sobre educación infantil, libertad de elección de centros, educación inclusiva o sobre la concertada.
Si no hubieran quitado el concepto de lengua vehicular, ¿cree que hubieran votado en contra?
—Tengo dudas porque al final no temblaron en hacer un pacto para evitar que algunos sectores de la derecha más críticos con el Govern pudieran decir que se han vendido. Antoni Costa (PP) dijo claramente que no era su ley, que habrían hecho otra. Lo que dijeron en privado antes del cambio no lo diré, y era algo positivo. La reacción no sé si ha sido una excusa para hacer lo que han hecho. Yo pensaba que votarían en positivo, pero visto lo que ha pasado tengo la sensación de que no estaban seguros del todo y que hay sectores del PP a los que les ha gustado. Con este tema el PP ha hecho una ayusada.
Todos los sindicatos critican la ley. ¿Cree que tiene el respaldo suficiente de la comunidad educativa?
—Si se lee la letra pequeña de la ley no hay una confrontación de fondo. Sobre el 5 % de inversión del PIB en educación, piden un 7 %; sobre la reducción de un 10 % de las ratios, quieren un 20 %. La ley habla de como mínimo, y eso es un compromiso para llegar a ese porcentaje. Además, tenemos la credibilidad de que desde 2016 hemos incrementado los presupuestos cada año, de 700 millones a 1.100. Hay un compromiso histórico de llegar, como mínimo, al 5 %. Podría ser más, pero hay que ser realistas. La ley tiene una memoria económica elaborada por la Conselleria d'Hisenda, que ha tasado los compromisos establecidos en la normativa. Sobre las ratios, diría que las hemos bajado aunque no deje de aumentar el número de alumnos. No superamos el límite legal y hemos establecido que, como mínimo se reduzcan un 10 %. La comunidad debe de ser crítica, pero también debería poner en valor las partes positivas que hemos incorporado antes de llevar la ley al Parlament.
¿Cree que la ley perdurará?
—Tengo la percepción de que sí. Modificar una ley no es fácil políticamente y no podrán quitarla sin la participación de la comunidad educativa. Con esta normativa tienen herramientas suficientes porque es flexible para posibilitar hacer decretos de acuerdo con sus políticas. Hay principios que no se pueden tocar, pero en política lingüística, presupuestaria o en inclusión educativa se harán dependiendo de lo que haga cada partido de gobierno. La ley da un marco para no romper los puntos mínimos y posibilitar que cada partido haga sus políticas. Si quieren imitar la ruptura del señor Bauzá es su problema, ya saben qué pasó.
¿En qué trabajan ahora mismo?
—El decreto del Reglament Orgànic de Centres es una primera concreción de la ley; Antoni Morante (director general de Planificació, Ordenació i Centres) se ha reunido hasta catorce veces con los sindicatos. Dicen que hay algunos puntos que no les gustan, pero no se puede imponer un criterio porque la Administración debe de tener una visión más amplia. También se está trabajando en un decreto de conciertos educativos y ya hay un borrador que se tiene que negociar con la mesa de concertada. Implicará concertar los centros educativos por seis años. Nos interesa que tengan estabilidad y seguridad. Luego vendrán los decretos de inspección educativa, de educación inclusiva y de curriculums, entre otros.