Una mujer se enfrenta a una pena de tres años de prisión acusada de agredir a su hija de 13 años después de comprobar que la menor había subido una foto con la bandera arcoíris a las redes sociales. La imputada, de nacionalidad marroquí, presuntamente insultó, golpeó y escupió a la niña en el domicilio familiar, ubicado en un municipio de la comarca del Migjorn de la Isla.
El juicio por estos hechos está previsto que se celebre próximamente en una sala de lo Penal en los juzgados de Vía Alemania, en Palma. El IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials), que se hizo cargo de la tutela de la menor después de los hechos, ejerce la acusación particular representando a la perjudicada.
Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a la noche del 1 de noviembre de 2020. En esas fechas la menor tenía 13 años. La imputada observó en el perfil de Instagram de su hija que esta exhibía la bandera del arcoíris y enfureció. Se dirigió a la habitación de la niña y le dijo «para mí solo serás una perra, siempre serás basura», subraya la acusación pública en su escrito. Poco después le agarró del pelo y comenzó a agredirle. En un momento dado la perjudicada le dijo que hablaran para aclarar las cosas, pero lejos de cesar su actitud cogió un servilletero y se lo lanzó a la espalda, al tiempo que le comentó «no merece la pena gastar la luz». Antes de marcharse del cuarto le escupió en la espalda.
Como consecuencia de la agresión la menor acabó con heridas en la cara, el hombro, la espalda y en una pierna que requirieron tratamiento médico. Asimismo la víctima también sufrió lesiones psíquicas y alteraciones fisiológicas tras el violento episodio con su madre que le obligaron a acudir al psicólogo.
La EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la Guardia Civil envió las diligencias a un juzgado de Manacor, que instruyó el caso. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el IMAS se hizo cargo de la tutela de la menor, que actualmente tiene 15 años. También se presenta como acusación particular y pide para la imputada seis meses de prisión. La Fiscalía por su parte solicita tres años.