El Govern de las Islas quiere establecer una nueva relación con descendientes de la emigración de Balears. Más allá de la política de subvenciones para las casas baleares en el exterior –en estos momentos funcionan 21, la mayoría en países de América del Sur– quiere recoger algunas de sus reclamaciones históricas y dar más protagonismo a los consells insulares e, incluso, a los ayuntamientos.
Las casas baleares en el exterior dejaron de ser financiadas con el último gobierno del PP y no fue hasta enero de 2020 (poco antes del inicio de la pandemia por el coronavirus) cuando se retomó la relación. Ese año se celebró en Palma una reunión del Consejo de Comunidades –la última de este organismo en Mallorca había sido en 2015– y allí se recogieron una serie de propuestas en las que el Govern, concretamente la Conselleria de Presidència, ha ido trabajando. Una es la reforma de la ley de julio de 1992 de comunidades balears asentadas fuera de la comunidad autónoma.
El texto ya está muy ultimado, indicó el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, Francesc Miralles. «Es una ley que ha quedado totalmente obsoleta», dijo. Una de las reformas previstas puede parecer formal pero va más allá, precisa. Concretamente, la creación de una «comunidad virtual» que facilitará el diálogo. De todas maneras, precisa Miralles, muchas de estas reuniones son ya telemáticas. Se han recogido propuestas pero antes de que la ley llegue al Parlament será analizada en la próxima reunión del Consejo de Comunidades, que se celebrará en junio en Argentina. Sólo en ese país operan 12 de las 21 casas en el exterior. A esa reunión asistirá, previsiblemente la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido.
Pacto con los partidos
«Son, de algún modo, nuestras embajadas», precisó el director general, que afirmó que el Govern subvenciona sus gastos con 75.000 euros anuales. El Govern pretende que esa ley tenga el máximo consenso. Y que recoja aportaciones de todos los grupos. En el último pleno del Parlament, la propia Garrido valoró de manera muy positiva algunas indicaciones que le hizo el diputado de Cs Juanma Gómez. De ahí que Miralles prefiera no anticipar los puntos que recogerá la nueva normativa.